Solo trece concellos de Pontevedra solicitaron la legalización de 31 de sus núcleos costeros

Trece de los 23 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra afectados por la última reforma de la Ley de Costas han tramitado ya la legalización de un total de 31 núcleos marineros tradicionales. La primera fase para regularizarlos se cerró el pasado 31 de agosto y a ella podían acogerse aquellos concellos que ya tuvieran delimitadas y clasificadas como suelo urbano estas poblaciones en sus respectivos planeamientos urbanísticos. El resto aún disponen de un plazo de dos años para conseguir el reconocimiento legal de sus núcleos.

La última reforma de la Ley de Costas introdujo nuevos requisitos en la delimitación de la zona de servidumbre de protección -que es la franja costera colindante con la ribera del mar-. En esta zona de servidumbre, que normalmente se sitúa en los 100 primeros metros, el Estado impone determinadas restricciones. Así, por ejemplo, en los núcleos que queden dentro de estas áreas no se pueden levantar nuevas edificaciones ni aumentar el volumen de las viviendas existentes.

Para solucionar el problema de los núcleos marineros tradicionales, el Gobierno abrió la puerta a rebajar de 100 a 20 metros la zona de servidumbre siempre y cuando se cumplieran determinados requisitos.

Quienes lo tienen más fácil son un total de 255 asentamientos, de los que 126 se corresponden con 23 concellos de la provincia de Pontevedra, 119 pertenecen a 29 ayuntamientos de A Coruña y los otros 19 a seis municipios de Lugo. Estos núcleos, en los que, según la Xunta, hay entorno a 4.500 viviendas, ya están delimitados como suelo urbano por los respectivos planeamientos municipales. El Ministerio de Medio Ambiente les dio de plazo 90 días para solicitar su regularización.

En el Val Miñor el concello de Baiona solicitó ya la legalización del núcleo costero de Baredo y el de Nigrán tramitó la regularización de otros dos asentamientos.

En la comarca de Vigo son dos los concellos afectados por la reforma de la Lei de Costas -Redondela y Soutomaior-. Solo Soutomaior presentó una solicitud para legalizar dos núcleos (Comboa y A Devesa, en Arcade, que incluyen un centenar de viviendas).

En Baixo Miño el concello de Rosal presentó ya en julio la documentación para regularizar los núcleos de Portecelo y Eiras.

En Arousa y O Salnés presentaron ya los papeles los ayuntamientos de Cambados (para el reconocimiento de tres núcleos), Catoira (que solicitó la legalización de dos parcelas), Meaño (41 viviendas afectadas en uno de sus asentamientos), Vilanova (tres poblaciones) y A Illa (que el Ministerio considera un único núcleo).

El concello que ha tramitado más núcleos ha sido Sanxenxo. Ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente un listado de nueve asentamientos (Arnosa, A Revolta, Foxos, Fontenla, Major, Seame, Festiñanzo, A Granxa y Cabiscastro).

En la comarca de Pontevedra, está Marín (que ha solicitado legalizar Casás, A Teoira y Loira), Poio (con un núcleo), y el ayuntamiento de Vilaboa (que tramitó la regularización de tres asentamientos).

El Ministerio de Medio Ambiente tiene ahora 18 meses para adoptar una decisión y el silencio administrativo se entiende como favorable.