Para ayudar al juez Luis Aláez a esclarecer cuanto antes las causas del accidente ferroviario de Angrois en que perdieron la vida 79 personas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer enviar a Santiago medios de refuerzo durante seis meses. El plan de refuerzo cuenta con el nombramiento de un juez de apoyo en comisión de servicio y relevación de funciones, es decir, centrado exclusivamente en el caso que instruye el Juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega. Este deberá ser propuesto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El plan de refuerzo aprobado por el máximo órgano del poder judicial contempla además el desembarco en Galicia de un secretario judicial de apoyo, así como cinco funcionarios en comisión de servicio con relevación de funciones, decisión que debe aprobar la Xunta. Se trataría de dos funcionarios del cuerpo de gestión procesal, dos del de tramitación procesal y administrativa y uno del de auxilio judicial.

Como último refuerzo de esta estrategia, el CGPJ, a propuesta del vocal Manuel Almenar, también sugiere el nombramiento de un fiscal específico para "coadyuvar" a la instrucción del caso. La decisión es del Ministerio de Justicia.

Además, la comisión permanente del CGPJ, en contacto permanente con la fiscalía del TSXG desde el accidente, autorizó la implantación de una oficina de atención a las víctimas del accidente, que dependerá del juez Aláez.

Esta se encargará de ayudar los parientes en todos los trámites legales relacionados con las víctimas en colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Galicia, desde el seguimiento de la evolución de los heridos al asesoramiento legal sobre el personamiento en la causa.

El poder judicial también autorizó la colaboración de los servicios del CGPJ para la implantación de una oficina virtual donde "puedan víctimas y familiares obtener información y datos del procedimiento", según informó ayer el órgano presidido por Gonzalo Moliner.

Además, el CGPJ también pretende facilitar la comunicación con las víctimas, permitiéndoles beneficiarse del sistema seguro de comunicación por SMS y correo electrónico para las notificaciones judiciales sobre el caso.