El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró ayer que el grupo denominado Resistencia Galega es una organización terrorista y que en consecuencia espera que así lo considere la Audiencia Nacional e imponga a los acusados de pertenecer al grupo las penas que les corresponda. Sus palabras hacen referencia la juicio que se sigue en la Audiencia contra cuatro presuntos miembros de Resistencia Galega, dos de ellos detenidos cuando portaban tres termos cargados con cinco kilos de explosivos, y en el que se determinará si el grupo gallego debe calificarse como banda terrorista.

"Tenemos la suficiente experiencia en España después de muchos años en saber a qué se dedican unas personas que ponen bombas como para intentar a esto calificarlo de otra manera. Hemos vivido muchos años muy tristes de violencia y terrorismo como para hacernos nosotros mismo trampas al solitario", declaró el secretario de Estado.

Según Francisco Martínez, está claro que se trata de una organización terrorista ya que tiene "objetivos", "división de tareas", "comandos" y usa artefactos explosivos. "No estamos ante hechos aislados sino ante acciones delictivas grupales", señaló, para insistir en que "no estamos ante nada que se pueda calificar de otra forma" que de "organización terrorista".

En este sentido, tachó de "lamentable" y "fuera de lugar" cualquier intento "de hacerlos pasar por otra cosa". "Que nadie pretenda desde la óptica política o la que sea hacer que esto pase por ser lo que no es", advirtió Francisco Martínez.

En la segunda jornada de juicio, un grupo de peritos policiales expertos en terrorismo sostuvo que Resistencia Galega reúne las características y organización de un grupo terrorista, como el recibir órdenes de personas en la clandestinidad y que exista una aparato de financiación, de captación de cantera y de falsificación de documentos.

La defensa denunció que el tribunal "vulnera los derechos fundamentales" de sus clientes y les "obstaculiza" su ejercicio, como impedir presentar en la vista oral a dos peritos, catedráticos de las universidades Autónoma de Madrid y de Santiago, que desmontarían el informe policial.

Los cuatro procesados son Roberto Rodríguez, Eduardo Vigo, Antón Santos y María Osorio, y para ellos el fiscal pide penas de cárcel que oscilan entre los doce y los veinte años.

Sobre el juicio también se pronunció el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Aseguró que tanto sedes del PP como de otros partidos sufrieron "atentados terroristas", por lo que rechazó hablar con "tibieza" de estos actos, en referencia a que los portavoces de la oposición parlamentaria, que declararon como testigos en el juicio, indicaron que en Galicia no había terrorismo ni ataques a las instituciones autonómicas. "No estamos de acuerdo en absoluto. Que nosotros sufrimos atentados terroristas en nuestras sedes, eso quedó claro", dijo Rueda.