Como Novagalicia, como el Banco de España, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también, la Comisión Europea se niega a remitir a la comisión de las cajas del Parlamento la documentación que se le requirió para investigar lo sucedido con el sector financiero y el futuro del banco. La presidenta Pilar Rojo acaba de recibir una carta de Joaquín Almunia en la que se rechaza la posibilidad de hacerlo, “debido a las obligaciones de confidencialidad hacia el Reino de España y la citada entidad”.

El vicepresidente de la Comisión Europea y también comisario de la Competencia recuerda a la Cámara que la versión “no confidencial” del term sheet firmado con el Gobierno y NCG a cambio de los 5.425 millones de euros de su tercera inyección pública está disponible en la web de la institución. E incluso la escueta carta aparece el link. “En dicha versión se detallan las medidas a aplicar por la entidad para llevar a cabo su Plan de Reestructuración a cambio de la capitalización con fondos FROB procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en los términos acordados con base en el Memorando de Entendimiento suscrito entre España y los países miembros de la zona euro”, explica Almunia.

Ese plan marca la obligación de NCG de desprenderse de todo el negocio de fuera de Galicia, la reducción de hasta un 40% de su tamaño en red y plantilla, de la cartera industrial, con operativa solo minorista y la obligación también de su venta antes de cinco años a otro grupo financiero para lograr el respeto a la libre competencia. Pero parte de los detalles, como los precios de desinversión o las cuotas exactas de mercado que se le permiten, aparecen ocultas.