La crisis económica ha provocado que se incrementen los impagos en las comunidades de vecinos. No solo las propias familias son las que acumulan cuotas pendientes, sino las constructoras y también las entidades bancarias. Y estas últimas cada vez más debido a los pisos que acumulan como resultado de los desahucios.
Si el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas cifra en 94 millones la deuda de estos tres colectivos en la comunidad, el montante que tienen pendiente de abonar las entidades bancarias, dado a que desde el inicio de la crisis se han hecho con la propiedad de numerosas oficinas y pisos por el impago de hipotecas, asciende a 15 millones. Ahora una iniciativa aprobada por el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a obligar a estas entidades a ponerse al día en sus cuentas con las comunidades.
Los administradores habían alertado del problema que suponía para los vecinos de los inmuebles el incumplimiento en el pago de las cuotas. De hecho, el propio presidente de los administradores de fincas, Salvador Díez, percibiendo el "sangrante problema económico", había escrito a la patronal bancaria para que adoptase las "medidas oportunas" para poner fin a estos impagos.
El Congreso ha tomado cartas en el asunto. Una iniciativa aprobada recientemente en la Cámara Baja dentro de la Comisión de Economía, establece que las entidades financieras que se queden con una vivienda procedente de una ejecución hipotecaria deben abonar los recibos pendientes del anterior dueño con la comunidad de vecinos antes de registrar la casa como suya.
En realidad, la iniciativa aprobada por el Congreso afecta a toda persona física o jurídica que se quede con una vivienda procedente de un desahucio, ya sea una entidad financiera o una persona que adquiere la propiedad en subasta, pero, por lo general, son los bancos los que se hacen con estas propiedades. Además, los parlamentarios han establecido que la cuantía debe hacerse efectiva antes de registrar el inmueble.
La iniciativa, que insta al Gobierno a acometer las modificaciones legislativas necesarias para que bancos y cajas estén obligados al pago, fue presentada por CiU como proposición no de ley tras incluir una enmienda consensuada con el PP y se aprobó por amplia mayoría en la Comisión de Economía.
El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Catalán, Josep Sánchez Llibre, explicó que la propuesta busca "garantizar" el pago de las cuotas pendientes a las comunidades. En todo el Estado, las deudas en este ámbito ascienden a 1.200 millones de euros y tienen, argumentó, una "repercusión preocupante" en materia de seguridad, convivencia vecinal o higiene en los edificios afectados.
El Gobierno tendrá que modificar la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para que no se pueda llevar a cabo la inscripción de la carta de pago o la inscripción registral del auto de adjudicación de la finca hasta haber cancelado los gastos de comunidad. Además, se propone modificar la norma para garantizar el pago de esas deudas.
El PSOE, que se abstuvo en la votación porque cree que "hay que ir más allá de la declaración de intenciones", propuso aprovechar la tramitación del proyecto de ley de Rehabilitación para incorporar directamente esta medida, sin esperar a que el Ejecutivo tome la iniciativa. Tanto el PSOE como CiU plantearon esta idea como enmienda a dicha norma, por lo que los socialistas instan al PP a aceptarla ya que respalda el texto.
