La Xunta defiende la legalidad de pagar a las constructoras recargos por debajo de la ley

Hernández explica que la norma permite "pactar el interés entre las partes" - Asegura que el acuerdo se tomó "con los informes jurídicos correspondientes"

01.06.2013 | 11:04

La Xunta se ha convertido en la primera administración autonómica que fija intereses de demora por los atrasos en el pago a constructores por debajo del límite que marca la ley. Ante las denuncias del sector del ladrillo, que desde finales del año pasado se enfrenta a rebajas por la demora en el abono de sus facturas a entre un 2% y un 5% frente al 8,75% que desde el pasado mes de febrero establece la ley, el Ejecutivo gallego defiende la legalidad de su actuación.

Un día después de que la Federación Gallega de la Construcción comunicase a la Xunta su intención de pedir un dictamen a la junta consultiva de contratación gallega, dependiente de la Consellería de Facenda, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, alegó que esta posibilidad está recogida en "la Ley de Morosidad, que establece que es posible pactar un interés entre las partes diferente". Además, reiteró que la decisión de rebajar los intereses de demora se tramitó con "los informes jurídicos y pliegos de cláusulas correspondientes".

Pese al pacto "entre las partes" a la que hizo mención ayer Hernández, los constructores afectados niegan tal acuerdo. "¿Dónde está ese pacto? En lo contratos hay una cláusula abusiva y queremos que se rectifique porque la Administración no está cumpliendo lo que marca la ley", denuncian desde el sector de la construcción.

Ante la falta de acuerdo durante los últimos meses entre Xunta y constructores afectados para resolver este asunto, la Federación Gallega de la Construcción ha decidido pedir a la junta consultiva de contratación gallega un dictamen. Si la resolución es favorable y el Ejecutivo autonómico no se ajusta a los intereses de demora que marca la ley, los afectados llevarán el asunto a la junta de contratación estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, e incluso sopesan impugnar los pliegos de contratación.

A pesar de que la Xunta defiende la legalidad de fijar intereses de demora por debajo de lo que establece la Ley de Morosidad, el organismo consultivo estatal emitió un dictamen en marzo de 2005 en el que concluye que no puede haber alteraciones en la aplicación de los tipos de interés de demora fijados por ley.

En la misma línea, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad advirtió en declaraciones a este periódico de la irregularidad que supone saltarse los recargos que establece la ley, para 2012 estaban fijados en un 8%, entre enero y febrero de este año, en un 7,75% y desde el pasado 22 de febrero, en un 8,75%.

El propio presidente de la Xunta calificó de "gran negocio" para las empresas los recargos por atraso en el pago de facturas que fija en la actualidad la ley para a las administraciones. "Un interés de demora del 8,5% es un gran negocio; en ningún banco se retribuye un depósito al 8,5%", sentenció Feijóo tras un Consello de la Xunta al ser preguntado por las quejas de los constructores.

Los constructores recuerdan a la Xunta que la Ley de Morosidad no la diseñó el sector del ladrillo. "La ley está para cumplirse, tanto la administración como las empresas, para las que la legislación establece unos intereses de demora del 20 por ciento. ¿Eso no es gran negocio?", denuncian desde el sector de la construcción gallega.

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