Los primeros contactos para retomar el consenso lingüístico concluyeron para la Xunta como una "experiencia positiva" que, sin embargo, parte de posturas difícilmente reconciliables. Salvo AGE, que declinó acudir a una reunión bilateral con el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, el resto de la oposición exigió como condición para alcanzar un acuerdo que se retire el decreto del plurilingüismo y se negocie un nuevo texto. Pero el Gobierno gallego descarta derogarlo, dice que está "en pleno vigor" y asegura que solo realizarán "alguna medida de ajuste" para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que anulaba la consulta a los padres y el artículo que permitía al alumno usar la lengua que prefiriese en el aula.

El secretario xeral de Política Lingüística se reunió ayer en el Parlamento por separado con los portavoces en materia de lengua del PP, del PSdeG y del BNG. Estos contactos se producen para dar cumplimiento a una iniciativa parlamentaria presentada por el PP y aprobada también en solitario por el partido mayoritario para buscar el consenso lingüístico. AGE, partidario de que se retire también el decreto del plurilingüismo, declinó acudir a la cita argumentando que no estaba de acuerdo con una reunión a dos bandas entre la Xunta y cada uno de los grupos por separado.

Tras escuchar las reclamaciones de PSdeG y BNG, el secretario xeral de Política Lingüística reconoció que son "posturas distintas" a las que mantiene la Xunta pero cree que hay "una actitud dialogante". "A partir del conocimiento de estos posicionamientos el Gobierno tomará determinaciones", explicó Valentín García.

Sin embargo, deja claro que lo que no es negociable es el decreto del plurilingüismo. "Este decreto es de aplicación y con los nuevos datos vamos a barajar el diseño de nuestra política lingüística", explicó. "Nuestra intención no es derogarlo. Ha pasado el filtro de ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el aval de las urnas", añadió.

"Entonces tiene un problema", respondió así de contudente el diputado socialista, Francisco Caamaño. El PSdeG se mostró abierto al diálogo y a sacar la lengua del "conflicto político", pero pone para ello dos condiciones inexcusables: que se recupere el consenso alcanzado con el Plan de Normalización Lingüística, del año 2004, y que se modifique el decreto del plurilingüismo. Pero no pasarán por un simple "ajuste". "Cuando hablamos de cambiar el decreto, lo que queremos decir es que hace falta uno nuevo", sentencia Caamaño.

El socialista aclaró que el secretario xeral de Política Lingüística se limitó a escuchar su postura pero no le hizo ninguna propuesta. "Si solo se limita a hacer ajustes al decreto, el consenso es imposible", advierte.

Para la viceportavoz del grupo del BNG, Ana Pontón, la reunión con Valentín García fue "decepcionante". Según explicó, el primer paso de la Xunta para mostrar su "voluntad de restablecer la dinámica de consenso" es que se derogue el decreto del plurilingüismo y se haga otro volviendo al Plan de Normalización. Según recriminó, fue el PP quien rompió el consenso lingüístico aprobando "un decreto lesivo para la lengua".

En la reunión, Pontón le pidió la elaboración de un nuevo decreto en base a aspectos como establecer una oferta educativa en gallego en preescolar y en la educación infantil para todos los niños gallego-hablantes; y fijar como mínimo un tercio de horario semanal en gallego en estas etapas educativas para los contextos y entornos en que el castellano sea lengua predominante, con el fin de que se incremente el porcentaje progresivamente.

Sin embargo, el PP reforzó las tesis de la Xunta y coincidió con el secretario xeral de Política Lingüística "en la necesidad de avanzar en la línea marcada por el decreto del plurilingüísmo". De hecho, el diputado popular Agustín Baamonde abogó por el consenso lingüístico "sin restringirlo a lo recogido de forma específica" a la enseñanza.

Tras escuchar las posturas de los tres partidos, Valentín García apreció "la voluntad de diálogo" del PSdeG y lamentó que el BNG condicione el consenso a la retirada del decreto. Y aunque buscará el consenso de todos los grupos, no se cerró a un acuerdo con uno solo de los grupos.