Las constructoras agotarán todas las posibilidades de diálogo con la Xunta para que les abone los intereses de demora a los que está obligada por ley. Pero si la resolución del conflicto no se produce, incluso sopesan llevar el asunto a los tribunales, hasta lograr que el Ejecutivo autonómico les abone los recargos por atraso establecidos por ley. Desde finales del año pasado, la Consellería de Medio Ambiente rebajó el recargo por retrasos en los pagos de un 8% que entonces establecía la normativa a entre un 2% y 5%.
Tras meses de conversaciones con la Consellería de Medio Ambiente sin que haya sido posible llegar a un acuerdo, la Federación Gallega de la Construcción ha decidido solicitar un informe a la junta consultiva de contratación gallega, dependiente de la Consellería de Facenda, por las "ilegalidades" cometidas en decenas de contratos de obras públicas adjudicados desde el último trimestre de 2012.
En el caso de que el dictamen del organismo autonómico, de carácter no vinculante, le sea favorable y la Xunta no subsane las irregularidades en los pagos por atrasos trasladarán el tema a la junta consultiva de contratación estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda. Precisamente el organismo nacional emitió en marzo 2005 una resolución en la que concluye que no puede haber alteraciones en la aplicación de los tipos de interés de demora marcados por ley.
"Medio Ambiente está dispuesta a revisar esos tipos de interés, pero se quedarían muy por debajo de lo que marca la ley", cuestiona el presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Antón Arias, que ya se ha puesto en contacto con el departamento que dirige Agustín Hernández para informarle de los pasos que darán para que los constructores gallegos cobren los intereses de demora establecidos por ley. "La legalidad es la que es y estamos ante una situación ilegal", sostiene Arias.
Como último paso, si la Xunta -el único Ejecutivo autonómico del que la Plataforma contra la Morosidad tiene constancia de que incumpla los intereses de demora que marca la ley- no se ajusta a los recargos establecidos, los constructores sopesan llevar el conflicto a los tribunales a través de un recurso de lo contencioso administrativo.
El propio jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, reconoció el pasado mes de abril que se modificaron los recargos que tendrá que asumir la administración autonómica si incumple los plazos de pago, tal y como había adelantado este periódico. Y lo hizo tachando de "gran negocio" para las empresas el 8% de intereses de demora establecido para las facturas de 2012 y que desde febrero de este año se elevó al 8,75%.
En la misma línea, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, advirtió de que el porcentaje de demora establecido por el real decreto-ley 4/2013 es "inasumible" por la Administración gallega. Y por este motivo, "de acuerdo con la Asesoría Jurídica y con los informes favorables" en los pliegos de contratación de los últimos meses se estableció "un interés de demora sustancialmente menor" al fijado por ley. "Es lógico; es una medida en defensa de los intereses de los gallegos", justificó Agustín Hernández.
El sector de la construcción advierte de que ley está para cumplirla, como también la tienen que cumplir las empresas, para las que la legislación establece unos intereses de demora del 20%.
