Los concellos disponen de 90 días para solicitar la legalización de 4.500 viviendas en la costa

La Ley de Costas entra hoy en vigor - Los municipios deben dirigirse a la Xunta para que traslade la petición al Gobierno

31.05.2013 | 08:50

La reforma de la Ley de Costas se publicó ayer en el BOE y hoy entra en vigor, con lo que comienza la cuenta atrás para que los ayuntamientos soliciten al Ministerio de Medio Ambiente el reconocimiento de los 255 núcleos marineros tradicionales para legalizar, en una primera fase y de forma directa, 4.500 viviendas ubicadas en Galicia en la zona de servidumbre. Para ello, basta que los concellos reclamen al Gobierno central que el área de protección se rebaje de 100 a 20 metros. Tienen para ello un plazo de tres meses. Para dar respuesta, el ministerio dispone de 18 meses y el silencio administrativo se entiende como favorable. De ser así, estos núcleos pasarán a regirse por la normativa urbanística municipal, con la salvedad de que no se podrán realizar nuevas construcciones.

En esta primera fase solo se podrán legalizar las 4.500 viviendas levantadas en los núcleos marineros y rurales que ya están delimitados y clasificados como suelo urbano en los respectivos planeamientos urbanísticos. En esta situación se encuentran 255 asentamientos, de los que 126 corresponden a 23 concellos de la provincia de Pontevedra, 119 a 29 ayuntamientos de A Coruña y los otros 19 a seis municipios de Lugo, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente.

El trámite es sencillo. Los concellos deberán, antes del 1 de septiembre, solicitar a la Xunta su legalización para que el Gobierno gallego traslade la petición al Ministerio de Medio Ambiente. Si el Ejecutivo central da el visto bueno, la servidumbre se reducirá para estos 255 núcleos de 100 a 20 metros a contar desde la línea de playa y se ajustarán ya plenamente a la disciplina municipal. Ahora, estas viviendas no se pueden ampliar, ni reformar ni reconstruir y solo están autorizadas las obras de mantenimiento indispensables.

De estas 4.500 viviendas, unas 2.500 pertenecen a la provincia de Pontevedra, mientras que el resto son de A Coruña, en su mayoría, y de Lugo, de forma casi testimonial. En este cupo se incluyen también las viviendas que ahora dejarán de estar en la zona de dominio público, como en el caso de Moaña, donde la ley reconoce que forman parte ya del suelo urbano.

En una segunda fase, la Xunta calcula que se podrán legalizar otras 8.000 viviendas pertenecientes a unos 600 núcleos que están sin delimitar porque sus respectivos concellos carecen de planeamiento. Para ello, disponen de un plazo de dos años. En ese periodo, primero deben clasificar correctamente el suelo, contar con la aprobación de la Xunta y del Ministerio de Medio Ambiente, y luego solicitar la regularización de todas ellas.

En todo caso, en ninguno de estos núcleos tradicionales se podrán levantar nuevas edificaciones a pesar de que se incorporen a la normativa urbanística ordinaria.

La ley introduce otras novedades, como ampliar en 75 años las concesiones, cuando toque renovarlas, de las actividades industriales, naves y viviendas que se encuentran en la zona de dominio público marítimo terrestre -el área más próxima al mar, a menos de 20 metros-. Esto da garantías, según explicó en su momento el ministerio, para la continuidad de los negocios y actividades industriales y de los actuales inquilinos que ocupan los pisos ubicados en la zona de máxima protección.

La reforma que hoy entra en vigor también afecta directamente a la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra. Su licencia concluye en 2018 y para continuar debe conseguir una prórroga de su concesión. Tal como quedó la ley, aunque la Xunta tiene que emitir un informe sobre su continuidad o no en la ría, el Gobierno puede decidir lo que quiera, en contra del dictamen autonómico. La Xunta siempre apostó por sacar a Ence fuera de la ría, pero el PP de Pontevedra considera ahora que el traslado no resulta viable.

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