La picaresca de los taxistas estará castigada con hasta 2.000 euros cuando intenten conducir a sus clientes por rutas más largas para así cobrarles más, unas multas más laxas que las actuales. La nueva legislación aprobada ayer en el Parlamento considera una sanción "grave" optar por "itinerarios inadecuados económicamente para los intereses" del usuario o "desatendiendo sus indicaciones sin causa justificada de peligro" para este o el vehículo y fija sanciones de entre 401 y 2.000 euros, y las eleva hasta los 6.000 para los taxis ilegales o aquellos que operen con la licencia caducada.
El texto pretende "armonizar" la regulación del sector, que hasta ahora se regía por un real decreto de 1979 que incluía sanciones más graves para los taxistas que recorriesen rutas más gravosas para sus clientes con suspensiones de su licencia de tres a seis meses. Las infracciones graves provocaban sanciones de hasta un año e incluso la retirada permanente en casos de embriaguez o actos delictivos.
Estas son algunas de las novedades que constan en la Lei de Transporte Público de personas en vehículos de turismo de Galicia, que ayer fue aprobada de forma definitiva en la Cámara con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición, que considera el texto "insuficiente" para regular un sector con 4.000 trabajadores a los que se suman los generados por las 18 empresas que gestionan 38 vehículos de alquiler con conductor. Según cálculos de la Xunta, su impacto en la economía de la comunidad es de 160 millones de euros.
La primera ley que regula los servicios de taxi en Galicia fija un tope de licencias, entregadas por los ayuntamientos, en función de la población de estos. Aquellos con más de 150.000 vecinos, es decir Vigo y A Coruña, tendrán un máximo de uno por cada 900 habitantes. Para aquellos con entre 20.000 y 150.000, uno cada 1.000; y los de menos de 20.000, uno por cada 1.100. Cada municipio contará con al menos dos licencias.
Cada titular de estas autorizaciones podrá contar con hasta tres permisos en aquellos municipios donde operen más de 100 taxis y dos donde trabajen menos. Solo contarán con una en aquellos donde existan menos de 10. En contra del criterio del Consello Económico e Social, que reclamaba un sistema tarifario homogéneo para toda Galicia, la ley indica que la Xunta "podrá establecer una estructura armonizada de tarifas" para toda Galicia, pero los precios serán fijados por cada municipio.
El texto permitirá a los taxis que operen en municipios de menos de 10.000 vecinos obviar la obligatoriedad de contar con taxímetro. Además, aboga por que todos los ayuntamientos cuenten con un único número de teléfono para contratar el servicio.
El debate sobre el dictamen de la ley generó ayer críticas de la oposición. El socialista Xosé Sánchez Bugallo aplaudió la incorporación de 11 alegaciones, pero reclamó más equilibrio entre competencias de la Xunta y los concellos. David Fernández (AGE) lamentó la falta de medidas para "limitar la competencia desleal" de los vehículos de alquiler con conductor y Ana Pontón (BNG) censuró que la norma burocratice el sector.
Por su parte, el popular Alejandro Gómez Alonso aplaudió que se supla una "carencia histórica de vacío legal" desde 1979.
