Las propuestas eran casi idénticas. La de una modificación en la ley con la que el Gobierno incorporó el pasado noviembre los imperativos de Bruselas a cambio del megapréstamo de hasta 100.000 millones de euros destinados a recapitalizar la banca con problemas para garantizar que los ahorradores atrapados por el drama de las preferentes y la deuda subordinada puedan recuperar el 100% de su dinero. Y ambas se trataron ayer a iniciativa del Bloque primero en el Parlamento gallego y por la tarde en el Congreso de los Diputados. Con diferente resultado por la también distinta postura que adoptó el Partido Popular, que respaldó la proposición en O Hórreo, aunque con la advertencia de que la enmendará, y se negó a hacerlo en la Cámara Baja, donde se quedó solo en su voto bajo la argumentación de que el "ordenamiento jurídico" ya está del lado de los afectados.

"Hoy tienen la oportunidad de demostrar si están al lado de los estafados o los estafadores", apelaba Francisco Jorquera, en el arranque del debate por la mañana en el Parlamento Gallego. Con el recordatorio de que más tarde llegaría el turno de los diputados populares en Madrid. El portavoz del Bloque reprochó a la Xunta que se le pasara el plazo de recurrir la normativa y por eso reclama que ahora el Ejecutivo gallego ofrezca "cobertura jurídica y política" a los "expoliados".

"Sin reparos" avaló AGE la propuesta del BNG. Su líder, Xosé Manuel Beiras, arremetió contra "el doble fraude" cometido, con la comercialización "sin control" desde las entidades de los híbridos de capital y la "complicidad" de administraciones y supervisores. "¿De qué solvencia hablan ustedes? ¿De qué saneamiento financiero?", inquirió a las filas del PPdeG, con acusaciones de "delincuentes" al presidente del Banco Santander y el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. "El Gobierno de España no tuvo voluntad política para demostrar en la Comisión Europea que había un problema de estafa -añade Carmen Gallego, diputada del PSdeG, también a favor del cambio legal-. Y había sentencias ya y argumentos para hacerlo".

"Nosotros estamos a favor de una solución para recuperar el 100%", defendió Pedro Puy, que reclamó a la oposición que dejara fuera "la demagogia". El portavoz parlamentario del PPdeG anunció contactos de su grupo con el TSXG y el vocal en Galicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que "las personas que acudan al sistema judicial tengan una rápida y económica respuesta". Tras defender la labor del Ejecutivo gallego en el proceso, Puy confirmó su sí a la propuesta, una proposición de ley que ayer fue tomada en consideración y ahora debe ser consensuada en la Cámara autonómica para luego ser trasladada al Congreso, que es el que tiene competencias para enmendar una ley estatal. Puy advirtió de que la enmendarán. A lo que Jorquera advirtió que no pasará por una "desnaturalización" de la petición y su "ralentización".

El resultado de la votación sirvió a Olalla Fernández Davila como aperitivo de la presentación de la misma propuesta en el Congreso apenas cinco horas después. "Deberían de escuchar y fijarse bien", recomendó al grupo del PP, en referencia a los "jubilados, pequeños ahorradores" que protagonizan las manifestaciones de Galicia.

Desde el grupo socialista, Antonio Hurtado acusó al Gobierno de "posibilitar" que los afectados "financien los rescates". Una agitada intervención en la que el diputado sacó dos grandes carteles con mensajes de "corralito español" y "rescate chipriota". "Nos engañan con un arbitraje que en Galicia ya se han dado cuenta de que no es efectivo", aseguró.

"El principio de que una entidad nacionalizada no pueda comprar pasivos a mayor precio que mercado es normativa genérica de ayudas de Estado, no de la ley", respondió Matilde Asian, del PP, que invitó a Hurtado a hablar "con el socialista ilustre" Joaquín Almunia, máximo responsable de Competencia en la UE. Los populares, los únicos que dieron la espalda a la modificación, defienden que la ley "está a favor de los preferentistas" y que si la proposición saliera adelante "entorpecería el arbitraje". "No es normal usar el dolor ajeno -añadía Asian- para sacar rédito político".

Un mensaje en el que también incidían los diputados gallegos en el Congreso. "La mejor vía es el arbitraje", señala Celso Delgado, que reitera en culpar al Gobierno de Zapatero de no controlar las emisiones de títulos de las cajas gallegas.