La Cámara gallega ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que insta a llevar a cabo "con todos los medios materiales y humanos necesarios" las investigaciones por parte de la Agencia Tributaria de los patrimonios susceptibles de estar vinculados con el narcotráfico.
Asimismo, y tras ser transaccionada con enmiendas de todos los grupos la iniciativa impulsada por AGE, los grupos reclaman elaborar un informe pormenorizado sobre el procedimiento y el resultado de la investigación de los patrimonios susceptibles de tener vinculación con el narcotráfico y que se traslade al Parlamento, "respetando la ley de protección de datos".
Finalmente, solicita la dotación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con los medios humanos y materiales necesarios para una "adecuada persecución de todo tipo de fraude fiscal y de blanqueo y evasión de capitales".
En defensa de la propuesta, la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Yolanda Díaz, se refirió al plan contra el fraude fiscal aprobado en 2010, "bastante importante para Galicia", y por el que se habían iniciado 49 instrucciones en Vilanova de Arousa y Cambados.
Pero ha llamado la atención sobre la "casualidad" de que se hubiesen "paralizado", aunque el ministro Cristóbal Montoro lo niegue, justo "cuando aparecen las fotos de Feijóo con un narcotraficante". "Se dieron instrucciones de facto para que no se acometiesen estas investigaciones", ha espetado.
Yolanda Díaz ha denunciado que se están acometiendo "profundos recortes" en la inspección fiscal y ha afirmado que "lo sensato sería atacarlo directamente". "Lejos de ello, el señor Montoro le hace regalos fiscales a sus amigos y hace una amnistía para recaudar 42.000 millones", ha señalado, antes de complementar que sólo se consiguieron 1.200 millones y hubo que pasar "el bochorno de que Bárcenas saliese beneficiado".
Yolanda Díaz se ha preguntado "por qué no se puede publicar aquí la lista Falciani", y tras nombrar que en ella aparecieron nombres como "Aznar, Rato, Cospedal, Solchaga, Zaplana y muchas personas", ha concluido que "semeja que por esta razón Montoro dio instrucción de paralizar" la actividad investigadora.
La parlamentaria del BNG Tereixa Paz ha criticado la "politización de la parte inspectora" de la Agencia Tributaria, ya que "las 17 personas que cortan el bacalao" están puestas a "dedo" por el Gobierno, y son los que se encargan, dijo, de decidir "qué y cómo se investiga".
"Con los casos de corrupción y la evasión de capitales, mismo procedentes de actividades ilícitas. Es insoportable mantener esta política en relación a estos delitos", ha criticado Tereixa Paz.
Por su parte, el diputado socialista Juan Carlos González Santín ha mostrado sus "dudas" sobre lo que dijo el ministro Montoro acerca de que no se habían suspendido las actuaciones, y para argumentarlo, aseguró que también se había dicho que no se iba a subir el IVA.
"Por eso no nos fiamos de lo que dice el ministro, y pedimos que la agencia tributaria se pronuncie", ha señalado González Santín, quien aportó una enmienda en ese sentido, el punto referido a la elaboración del informe.
"30 millones aflorados"
Por su parte, el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, ha destacado que su formación está claramente en contra del fraude fiscal y ha destacado que en 2011 se consiguieron "aflorar 30 millones de euros" en Galicia, triplicando la cifra de 2008 justo en un momento "difícil".
Asimismo, Puy ha defendido que "el Gobierno del PP está trabajando en la vía de la recaudación", después que Yolanda Díaz haya criticado que no se tributan unos 40.000 euros por la vía de las bonificaciones y exenciones fiscales.
Además, ha afirmado que no se dejó de investigar el fraude fiscal y lo ha argumentado en base a que, de hecho, hubo una reciente operación judicial en base al plan de residencias suntuarias.
Exclusión social
Por otra parte, en el pleno también se ha debatido una iniciativa de la diputada socialista Carmen Gallego que pedía a la Xunta situar como "prioridad política absoluta" la reducción de la exclusión social.
Aunque ha obtenido el respaldo de la oposición, la portavoz del PP en la materia, Marta Rodríguez Arias, ha avanzado su voto en contra tras resaltar que el Gobierno gallego ya ha puesto en marcha numerosas iniciativas en este sentido.
Como prueba, ha señalado que el presupuesto gallego consigna "el 77 por ciento" de sus fondos" a gasto social, siendo "el porcentaje más alto nunca registrado" en esta comunidad. Además, ha criticado que la iniciativa socialista pida "una nueva Ley de inclusión" cuando hasta junio está abierto el plazo para enmendar el actual proyecto.
Escuchados sus argumentos, Gallego ha rechazado "lecciones" sobre las propuestas que debe hacer la oposición y ha cuestionado la "sensibilidad" del PP con la pobreza. Y es que, como ha criticado, la Xunta ha tardado siete meses en traer a la Cámara el mencionado proyecto de ley, el mismo cuya aprobación se frustró en la pasada legislatura debido al adelanto electoral.
En cuanto a las cuentas gallegas, ha tildado de "falso" que sean "las más sociales", ya que lo único que aumenta en materia social es "el capítulo 1, el de gastos de personal". En el lado opuesto, según ha señalado, las inversiones se han visto reducidas.
Reforma planta judicial
El PP también se ha opuesto a una iniciativa de la diputada del BNG Tereixa Paz para pedir que se retire la propuesta de reforma de la planta judicial que maneja el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
"Tenemos que decir a Gallardón que, desde Galicia, no queremos esta reforma", ha pedido la nacionalista el apoyo de toda la Cámara contra una normativa que "abocaría a la desertización al 90 por ciento del territorio" gallego.
Con ella ha coincidido Yolanda Díaz, crítica con que "se refuerce el modelo caduco" consistente en "alejar la Justicia de la ciudadanía". De hecho, no ha dudado en calificar a Gallardón como "el ministro de injusticia".
Por su parte, la socialista Beatriz Sestayo también ha hecho hincapié en los conceptos de "alejamiento" y "centralización" de la Justicia sin dejar de subrayar la "unanimidad en contra" que ha acumulado Gallardón en Galicia. Incluso, como ha recordado, hasta el punto de que "el Consejo de la Abogacía Gallega, que representa a los siete colegios, lo declaró persona no grata".
Enfrente, Paula Prado (PP) ha señalado que Gallardón dejó claro en el Congreso que "no habría un partido único por provincia" y ha añadido que "el partido judicial de Vigo está garantizado". En todo caso, ha defendido que "lo rancio es el modelo actual", partidaria de modificar la actual planta y de buscar vías para "reducir la litigiosidad, como el arbitraje o la conciliación".
