El PP de Ourense estudia llevar a la Fiscalía el préstamo de más de 21.000 euros del PSOE a un funcionario del Ayuntamiento con cargo a fondos públicos. El portavoz del Grupo municipal del PP en la ciudad de las Burgas, Rosendo Fernández, asegura que es "un asunto muy grave" que "no descarta" trasladar a la escena judicial y que la decisión definitiva se tomará una vez consultados "los asesores jurídicos" .
El paso se daría después de que el PSOE publicará ayer en la web del Ayuntamiento, igual que el resto de los grupos municipales, los gastos de 2012, y en ellos no apareciera reflejado el "préstamo verbal humanitario" al jefe de servicio de Recaudación, Juan Manuel Banga, un préstamo reconocido públicamente por el regidor, Agustín Fernández, después de que lo destapara este diario. El alcalde entonces explicó que el empleado público estaba devolviendo el préstamo. FARO DE VIGO ya había adelantado también que en la contabilidad del Grupo municipal socialista no figuraba el préstamo y tras "la prueba del algodón" de las cuentas publicadas en la web, el PP de Ourense denuncia "la ocultación de un préstamo con dinero público que no se aclaró".
El PP de Ourense no es el único que se plantea ir a la Fiscalía con esta polémica. Democracia Ourensana ya dijo que "hay cosas muy raras" en este caso y que sopesa trasladarlo a la Justicia.
"El PSOE no respondió a ninguna de las preguntas que realizamos sobre el préstamo, y los documentos que me presentó el alcalde lo único que hacen es acrecentar las dudas", proclamó ayer Rosendo Fernández,
"Hay mucho que investigar" para que no quede ningún tipo de duda a donde fue a parar ese dinero que supuestamente se le habría dado al alto funcionario,exige el portavoz popular.
Propaganda y sedes
La publicación ayer de las cuentas municipales de los grupos del Ayuntamiento de Ourense sirvió para acrecentar las dudas del PP en torno al préstamo socialista, pero también para saber en que se gastan las subvenciones públicas los grupos. Los partidos en el Concello de Ourense hacen este ejercicio de transparencia después de que este periódico informase de que con cargo a los fondos del Grupo del PSdeG se había costeado la fiesta brindada al exregidor Francisco Rodríguez a su salida de prisión tras su imputación en la operación Pokémon.
De lo más variados son los gastos que se reflejan en las cuentas de los grupos municipales. PSOE y PP, con 11 ediles cada uno, manejaron 70.200 euros, mientras que el BNG, con 3 ediles, recibió 23.400 euros, y DO , con dos concejales, 17.550 euros. Así mientras los nacionalistas destinan al alquiler de la sede del partido 15.564 euros, DO destinó todo el dinero a la contratación de una franja horaria televisiva a una cadena de la que es propiedad el portavoz de Democracia Ourensana.
Los populares destinaron una parte importantes de su asignación a publicidad y propaganda, gastos de telecomunicaciones, así como gastos de representación. Y los socialistas declaran sobre todo gastos de personal.
En marzo, un agente de la Policía Judicial empaquetó los ordenadores personales de la concejala de Ourense, la socialista Marga Martín, imputada en la investigación judicial sobre supuestas irregularidades en la concesión del servicio de ayuda a domicilio, y de los dos antiguos socios de la empresa concesionaria para remitirlos a Madrid, a la sede de la Unidad Tecnológica del instituto armado. El magistrado quiere dictar un auto cuanto antes para señalar a los implicados y fijar delitos y por ello, según fuentes del caso, ha apremiado a los expertos de la Guardia Civil para que concluyan la inspección y remitan los e-mail intercambiados entre la edil y los empresarios, así como si el exalcalde, Francisco Rodríguez, estaba al tanto de la gestión de la contrata.
El Juzgado de Instrucción número dos investiga las relaciones entre políticos y funcionarios del Concello de Ourense (hay cuatro trabajadoras imputadas además de la concejala) y la empresa adjudicataria anterior. El juez dilucida si se cometieron presuntos delitos de falsedad documental -la Policía ha certificado alteraciones de una factura-, tráfico de influencias -por presuntas presiones por teléfono para dar prioridad a los pagos de la empresa-, prevaricación, malversación de fondos públicos -por el quebranto a las cuentas municipales por abonos mayores del servicio prestado- o estafa. Además, uno de los empresarios reveló supuestos regalos al exregidor y a la edil.
