A partir del verano los ayuntamientos tendrán que echar mano de la calculadora. Deberán apretarse aún más el cinturón para ajustarse al coste estándar que fije el Ministerio de Hacienda para la prestación de cada servicio municipal. De lo contrario, les serán arrebatados por las diputaciones durante al menos cinco años. El plazo del que disponen para adaptar sus prestaciones al precio que determine el Gobierno en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) -aunque los criterios que se utilizarán todavía no están establecidos, Hacienda se comprometió que además de la población se tendrán en cuenta las particularidades de cada territorio (en el caso de Galicia, dispersión y envejecimiento)- será de tan solo un mes desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Bases del Régimen Local, prevista para enero. Será entonces en febrero cuando los concellos que no sean capaces de ofrecer sus servicios a bajo coste deban traspasarlos a las corporaciones provinciales.

El informe que ha servido de base al Gobierno para diseñar el nuevo mapa municipal no pinta bien para los ayuntamientos gallegos. Los pequeños y medianos concellos tendrán que reducir entre un 16 y un 18% el coste de sus prestaciones si quieren evitar que su gestión recaiga en las diputaciones, según recoge el documento del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), encargado por Hacienda para cocinar el futuro marco competencial de las administraciones locales. Esta entidad concluye que a cada gallego le cuestan los servicios que presta su concello unos 332 euros, 160 menos que la media nacional (-32,5%) y 56 euros por encima del coste estándar propuesto por el IEF para los municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes y 61 para los de entre 5.000 y 20.000 (271,37). Este dato sitúa los costes de las prestaciones que gestionan en la actualidad los ayuntamientos gallegos como los quintos más competitivos del país, por detrás de La Rioja (211 euros per cápita) Extremadura (268), Canarias (284) y Murcia (297). En el extremo opuesto, están los municipios de Cataluña (658), Castilla y León (585), Aragón (547) y Cantabria (519). Estos datos, en contra del criterio defendido por Hacienda, revelan que municipios con más dispersión ofrecen ya en la actualidad sus servicios a un menor coste que concellos con más concentración de población.

El Instituto de Estudios Fiscales defiende la necesidad de fijar un coste estándar de los servicios y ese coste, según concluye, debe fijarse según la población de cada municipio, aunque teniendo también en cuenta la dispersión y envejecimiento. Para el IEF, el tamaño del ayuntamiento es, sin embargo, el "factor esencial" para la eficiencia a la hora de prestar cualquier servicio.

Ahora los ayuntamientos de cuatro comunidades -Andalucía, Extremadura, Rioja y Baleares- ya están por debajo del coste estándar. Entre las que tendrían que hacer una menor rebaja en los precios de sus servicios están Madrid (-11,4%) y Galicia (entre un 16,7% y un 18%). Más números tendrían que hacer en la Comunidad Valenciana (una rebaja del 56,7%) y Cantabria (53,45%).