El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), organismo público adscrito al Ministerio de Economía, asegura que, de los 970 millones de euros que reclama el Estado español por los daños causados por el accidente del Prestige, 192 (un 19,7%) no están "justificados"; el resto, sí están acreditados.
El CCS, que encargó evaluar los daños de la catástrofe a 90 profesionales externos, envió a declarar ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña, que juzga los daños causados por el accidente del petrolero en 2002, a cinco de sus peritos. Una de ellos, Mercedes Asensio, precisó que "la documentación no estaba completa", algo que comprobaron al analizar "partida por partida" las reclamaciones del Estado.
Los peritos desglosaron sus datos e indicaron que el Ministerio de Fomento solicita compensaciones por 215 millones, y los de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por 187. Mientras, el departamento de Agricultura reclama 87; el de Defensa, 49; y el de Hacienda, 22. Frente a esta evaluación del Consorcio de Compensación de Seguros, los peritos judiciales solo justifican 184 millones de la cantidad reclamada por el Estado.
Por su parte, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) solo reconoce daños por valor de 300 millones de los que ya ha abonado 114 y tiene pendiente distribuir algo menos de 40, debido a que en el momento del accidente del Prestige el límite de indemnización internacional era de unos 151 millones.
El lunes se presentó ante el tribunal un informe pericial encargado por la Fiscalía titulado Coste económico y medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige, que cifra los daños de la catástrofe en 4.328 millones en Galicia y el resto del litoral cantábrico español. Esta cantidad llega a los 4.442 si se añaden los daños en el litoral francés. Hoy está prevista la declaración de los peritos judiciales que solo reconocen 184 millones de los 970 que reclama el Estado.
