Novagalicia banco está a punto de pasar una nueva reválida en el proceso de reestructuración bancaria que le permitió recibir 5.425 millones de euros con cargo al rescate europeo. Los hombres de negro, como bautizó el ministro Montoro a los técnicos de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) acaban de desembarcar en Madrid para comprobar si España cumple los compromisos del memorando de entendimiento que firmó para abrir la puerta al rescate de la banca con 40.000 millones de euros y si las entidades actúan según lo previsto en sus planes de reestructuración financiera.

En el curso de sus pesquisas, cuyos resultados se darán a conocer en junio, los funcionarios se entrevistarán con los responsables de las autoridades supervisoras y con los directivos de 13 entidades financieras y a Novagalicia le tocará pasar revista mañana, el mismo día que Catalunya Banc y Bankia.

Los representantes de la troika se reunirán ese día con directivos del Santander, que junto con las otras cuatro grandes, serán invitadas a explicar sus resultados económicos y expresar su punto de vista sobre la situación actual y las repercusiones de las nuevas exigencias, como el incremento de las provisiones por refinanciación de créditos sobre el sector. Dentro de estas entidades consultadas estarán también BBVA, Popular, Sabadell y CaixaBank.

Las nacionalizadas y aquellas entidades que no estándolo recibieron ayudas, tendrán que dar explicaciones sobre su reorganización. La del jueves sin embargo no es la primera cita a la que acude el equipo de José María Castellano, que ya se enfrentó a otros dos encuentros de este tipo.

Fuentes financieras explicaron que a estas reuniones acuden normalmente los máximos directivos, el presidente José María Castellano y su número dos, César González Bueno, los directores generales y el director general financiero.

En ellas, los técnicos evalúan los pasos que la entidad ha dado en su plan de reestructuración, y en este caso, analizarán también los resultados económicos del primer trimestre, en el que la entidad ganó 21,1 millones de euros. Según ha podido saber este diario, la troika revisa las cifras de la entidad, sus fuentes de financiación y preguntarán sobre el ejercicio de reparto de cargas impuesto para que accionistas y titulares de subordinadas y preferentes asuman parte del coste del rescate de la banca.

Sobre NCG se pronunció ayer el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, quien aseguró que el Gobierno no descarta adelantar la venta de Catalunya Banc y la entidad gallega si mejoran las condiciones de mercado y hay más apetito inversor.

"No es descartable que, si cambia la situación de los mercados, no esperar a los cinco años (de plazo máximo fijado en el plan aprobado por Bruselas) y que antes de eso puedan hacerse desinversiones", declaró Latorre en declaraciones a los periodistas tras participar en un desayuno organizado por Executive Forum España.

El objetivo del Ejecutivo central, según Latorre, es recuperar lo máximo posible para los contribuyentes, por lo que si la situación mejora es lógico que se adelante la venta de estas dos entidades. Durante su invervención, Latorre dijo que lo importante es "jugar con los tiempos" de la mejor manera posible para devolver a los contribuyentes las aportaciones realizadas.

Intentar retomar la venta de NCG y Catalunya Banc "desde finales de este año y conceder apoyos extra a los compradores" es el nuevo escenario que gana enteros, según desvelaba ayer el diario económico Expansión.

Por otra parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, reveló ayer en el Senado que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente de su Ministerio, analiza las auditorías hechas en las entidades nacionalizadas "para ver si se han ajustado a la buena práctica contable". De Guindos contestaba a una pregunta de un senador de IU sobre si el Gobierno había promovido alguna investigación sobre las prácticas abusivas en el sector financiero, cuando hizo esta revelación que luego, en declaraciones a los periodistas limitó a "inspecciones técnicas" que no tienen por qué suponer la apertura de un expediente.