Ante la presión municipal

Hacienda cede y no intervendrá los concellos insolventes

El Ejecutivo rectifica su pretensión de dejar sin sueldo a los alcaldes de municipios de menos de 1.000 vecinos

22.05.2013 | 09:40

La rebelión de los alcaldes de todos los colores políticos contra la reforma local cocinada por Hacienda ha forzado cambios en el borrador de la futura Biblia del municipalismo. Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (el 63% de los que existen en Galicia) no serán finalmente intervenidos por las diputaciones aunque tengan déficit o no rindan cuentas en plazo, todos los regidores –incluidos los de municipios de menos de 1.000 habitantes– recibirán una retribución, los interventores no controlarán la eficiencia ni las decisiones políticas en su consistorio y las comunidades tendrán que sufragar los gastos de los servicios que pese a ser de su competencia hasta ahora costeaban las administraciones locales.
Sobre el traspaso de las llamadas competencias impropias a las comunidades, el Gobierno establece un plazo de cinco años para el área de sanidad y un año para los servicios sociales –en este caso si los Ejecutivos autonómicos no asumen los gastos, Hacienda los detraerá de las transferencias del Estado en favor de los ayuntamientos–; mientras que el mantenimiento de los colegios queda supeditado a un nuevo modelo de financiación autonómica, previsto para el próximo año.
Durante casi tres horas los alcaldes negociaron ayer con el Gobierno el texto de la reforma local que hoy mismo se enviará al Consejo de Estado. El Ejecutivo ha cedido en cuestiones polémicas, pero ha mantenido el aspecto clave del nuevo mapa municipal: el denominado coste estándar al que los ayuntamientos deberán prestar sus servicios. Aquellos que no garanticen sus prestaciones a precios competitivos –lo determinará Hacienda tras someter a los concellos a un examen– tendrán que delegar esos servicios a las diputaciones durante al menos cinco años. Ese coste estándar no lo decidirá finalmente de forma unilateral el Ejecutivo, sino que se hará con acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Tras la reunión de la Comisión Nacional de Administraciones Públicas (CNAL), el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna (PP), reconoció que la fijación del coste estándar es uno de los puntos en los que sigue existiendo desacuerdo, ya que en el texto presentado por el Gobierno no se ha recogido la petición de los alcaldes de que solo se sometan a este examen las administraciones locales que no cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria.
Según explicó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no se debe confundir equilibrio presupuestario con eficiencia, ya que –apuntó– hay municipios que pueden tener sus cuentas saneadas, pero prestan algún servicio más caro de lo que deberían. Este es el motivo, argumentó, por el que Hacienda hará una auditoría en todos los ayuntamientos.
El número dos de Hacienda reiteró que se negociará en verano la metodología para calcular el coste estándar, pero no ha sido flexible sobre el plazo de aplicación. Los ayuntamientos quieren que se les conceda un año para adaptarse a este nuevo concepto, pero Hacienda calcula que con un mes desde la entrada en vigor de la ley les bastará, es decir, febrero del año que viene. La intención de Hacienda es que en el último trimestre de este año ya se haya cerrado esa fórmula de coste y que puede ser tiempo suficiente para adaptarse.
En cuanto a las competencias, tanto De la Serna como Beteta anunciaron que los ayuntamientos no quedarán vacíos de competencias como inicialmente se preveía, ya que se someterán a examen solo aquellos servicios con los que se pueda generar "economía de escala". Es decir, que supongan un mayor ahorro cuanto más sean los ciudadanos beneficiados. Por ejemplo, el servicio del agua, pero no el mantenimiento de los cementerios, según citó el número dos de Hacienda a modo de ejemplo.
Caballero, oposición total
Mientras el presidente de la FEMP y también alcalde de Santander destacó los avances en el texto de Hacienda, el vicepresidente del órgano de poder local y regidor de Vigo, Abel Caballero (PSdeG), manifestó el "desacuerdo absoluto" de los alcaldes socialistas con la reforma local por sus "grandes dosis de antimunicipalismo" y por habilitar a las diputaciones a ejercer unos servicios que serán "más caros y menos eficientes".
Desde la Xunta, el vicepresidente, Alfonso Rueda, defendió que la reforma local tenga en cuenta "los factores diferenciales de Galicia" para establecer los costes estándar de los servicios. "Sería bueno hablar más de cooperación municipal, hablar más de las posibilidades que tienen las comunidades autónomas para asumir servicios e intervenir en aquellos que no puedan asumir los ayuntamientos y también ese coste estándar del que se hablaba si un servicio es viable o no , creemos que no puede ser lo mismo en todas partes", defendió el número dos del Ejecutivo gallego.

La FEMP pide extender los ajustes a las comunidades
Los alcaldes asumen que deben hacer reformas en las administraciones públicas, pero denuncian que solo sean los ayuntamientos los que tengan que pagar la factura de una crisis de la que, reiteran, no son los responsables. El presidente de la FEMP reclamó ayer el mismo trato para las comunidades autónomas y la propia Administración central. "Todo lo que contemple esta ley debe ser de aplicación a las comunidades y el Estado", reclamó De la Serna, citando asuntos como las limitaciones de salarios, la fijación de un coste estándar, el recorte en el personal de confianza, etc. "No podemos estar solos en este proceso", sentenció.

El Gobierno mantiene la puerta abierta al recorte salarial al personal municipal
Los teléfonos de los altos cargos de Hacienda no dejaron de sonar ayer después de que fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro adelantasen el día anterior que el Gobierno planteaba una nueva rebaja de los salarios de los funcionarios municipales a través de una reducción de sus complementos.
Durante la reunión de ayer, el ministro aseguró a los alcaldes que no tiene "la menor intención" de bajar los sueldos de los empleados públicos locales, sin embargo se mantiene la previsión de que los Presupuestos Generales del Estado puedan limitar posibles subidas en el futuro. Así lo aseguró el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, tras la reunión. Según dijo, Montoro ha sido "claro y rotundo" sobre un asunto aunque reconoció que es una posibilidad que "se verá". "Es muy pronto", dijo a la espera de lo que se recoja finalmente en el proyecto de Presupuestos que el Gobierno enviará a las Cortes en septiembre.
Beteta incidió en que los "complementos específicos" de los empleados municipales seguirán siendo aplicados por la administración local correspondiente, pero habrá una "horquilla de corte". "Ello no quiere decir que se vaya a bajar ni que se vaya a modificar el Estatuto básico de los empleados públicos", concluyó.

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