Como con la banca agujereada por el lastre del ladrillo, el Ministerio de Fomento trabaja en una nacionalización temporal de una decena de autopistas españolas, la mitad en concurso de acreedores ya, para las que la crisis supone casi una sentencia de muerte. El propietario de una de ellas, OHL, lo confirmaba la pasada semana en boca de su presidente, Juan Miguel Villar Mir, que desveló también que la "solución privada" para reequilibrar las cuentas de estas concesiones fue finalmente imposible. La AP-9 se presenta como un caso aparte. De las más rentables, pese a la complicada situación de la economía, y con un "riesgo de demanda" que la propia Audasa considera "reducido" porque es un "negocio maduro, ampliamente consolidado y con elevada captación de tráfico". Hasta el punto de que la caída en la circulación en estos últimos seis años es un 4,5% inferior a la de la media del sector.
Desde 2007, la intensidad media diaria de tráficos cayó un 21,4% en la Autopista del Atlántico, frente al casi 26% registrado en el conjunto de las vías de peaje del país, según consta en la información con la que la sociedad gestora avala el lanzamiento de 193 millones en obligaciones para "cubrir las necesidades de tesorería" derivadas del vencimiento de otra emisión este mismo ejercicio. En línea con las tensiones en los mercados, Audasa colocará su deuda a un considerable tipo de interés. Del 5,2%. Los 180 millones en obligaciones que sacó hace justo un año cuentan con una retribución del 5,75%.
Evolución negativa
"La actividad a lo largo del ejercicio 2012 se ha caracterizado por la evolución negativa de los niveles de tráfico, como consecuencia principalmente de la adversa situación económica general -apunta en el informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-. No obstante, esta evolución resulta menos negativa que la que se ha producido en el sector de autopistas de peaje español en el acumulado de los últimos seis años".
Por los 219,6 kilómetros que suma la AP-9 pasaron de media al día en 2012 un total de 19.568 vehículos. Un 8,21% son pesados y la inmensa mayoría, el 91,79%, turismos. La intensidad media del sector son 17.324, es decir, 2.244 usuarios menos. Los ingresos por peaje ascendieron a 132,354 millones de euros -un 8,7% menos que en 2011, cuando la reducción de circulación llegó al 12,5%-, de los que el 35% vienen de cobro en efectivo, un 20% con tarjeta y un 45% del telepeaje.
Las administraciones aportan una importante fuente también para la caja de Audasa, con el conocido peaje en la sombra. A partes iguales, Xunta y Fomento abonaron 9,418 millones de euros a la compañía el pasado año por la supresión del cobro a los usuarios de los trayectos entre Vigo y O Morrazo, y A Coruña-A Barcala. El documento recoge además el convenio oficializado en febrero para "en aras del interés público" aplicar una "bonificación" para los viajeros "habituales" en los tramos más caros de la carretera, los ubicados en la provincia de Pontevedra. "De acuerdo con los términos establecidos en dicho convenio -recuerda Audasa-, el importe bonificado será objeto de reequilibrio económico-financiero, mediante la aprobación, en su caso, de las oportunas actualizaciones extraordinarias de tarifas".
Junto con la concesión de la AP-9, el grupo Ena Infraestructuras, propietario de Audasa, explota otras sociedades con varias vías, incluidas las de Puxeiros-Val Miñor y A Coruña-Carballo. Pero su peso en las cuentas es arrollador. Casi siete de cada diez euros que llegan a Ena vienen de la Autopista del Atlántico.
