La raquítica situación de las arcas municipales en muchos concellos de Galicia se ha agravado desde el inicio de la crisis. Con el objetivo de facilitarle a los ayuntamientos el acceso a los terrenos con los que poder mejorar sus dotaciones y servicios públicos en el actual contexto de adversidad económica, la Xunta decidió cederles gratuita fincas del Banco de Terras, pero solo las parcelas que son de propiedad privada, no las de particulares dispuestos a alquilar terrenos que no aprovechan.
La Consellería de Medio Rural ha recibido en este periodo unas 500 solicitudes de ayuntamientos para la donación de masas comunes que pertenecen al Banco de Terras de Galicia (Bantegal) y que proceden del 80% de concellos de la comunidad gallega, según los datos que maneja el departamento autonómico. Estas fincas están bloqueadas por la Xunta para los municipios solicitantes, pero de momento ninguna de las demandas ha cuajado en un arrendamiento.
El medio millar de parcelas reservadas para usos públicos de los ayuntamiento se suman a las 9.549 incorporadas al Bantegal y que ya están disponibles para alquilar por particulares individuales o colectivos. Entre las parcelas a disposición de los usuarios unas 2.021 ya se encuentran en régimen de alquiler, lo que representa un 21,16% del total.
En cuanto a la superficie abandonada que el Gobierno autonómico ha puesto a disposición de quienes quieran trabajarlas, los interesados cuentan con 4.528 hectáreas de las que el 38% (unas 1.725 hectáreas) ya han pasado a otras manos para darles uso.
Desde el departamento que dirige la conselleira Rosa Quintana destacan que ocho de cada diez terrenos arrendados se destinan a usos de labradío y de pasto, que en su mayoría las personas que las trabajan destinan para alimentar al ganado de sus explotaciones.
Los usos que demandan los ayuntamientos difieren bastante del general y entre las peticiones recibidas en las oficinas de la Xunta para dar uso a las 500 fincas que el Ejecutivo gallego tiene bloqueadas para ellos destacan las infraestructuras con fines eclesiásticos, ya sea la construcción de cementerios o su ampliación además de zonas de aparcamiento a su alrededor.
La puesta en marcha y posibles ampliaciones de áreas recreativas, la construcción de depuradoras y depósitos de agua junto con la mejora de los accesos a fincas o carreteras son también otras de las demandas de los municipios interesados en la cesión de terrenos incluidos en el Banco de Terras. Mediante la Lei de Mobilidade de Terras, la Xunta cede de forma gratuita fincas propiedad del Bantegal, un instrumento creado en 2007 para poner en valor terrenos con potencial agrícola pero en desuso. A cambio los concellos deben dedicarlos a fines sociales o ambientales que beneficien a sus vecinos.
Dueño desconocido
Un acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y la Xunta en febrero permite al Ejecutivo autonómico a gestionar las fincas de propietario desconocido ubicadas en la comunidad gallega para incorporarlas al Banco de Terras de Galicia (Bantegal). Son 320.000 parcelas y más de 6.000 hectáreas.
La Consellería de Medio Rural pretende luchar contra el abandono del rural y evitar incendios forestales de cara a la temporada estival, al mismo tiempo que con este sistema, explican, se contribuye a que los agricultores y ganaderos puedan incrementar la base territorial de sus explotaciones.Las rentas obtenidas del alquiler de estas parcelas se repartirán entre la Administración General del Estado que recibirá el 96% y la comunidad que solo percibirá el 4% restante.
