"No podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil". Éste es el principal argumento que esgrimió ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, para justificar la reforma educativa. Sin embargo, padres y profesores dudan de que esta ley sirva para cumplir ese propósito. Los más duros son los representantes de la escuela pública. Tildan la norma de "retroceso" y de "segregadora". La Confederación de Asociaciones de Padres de Colegios Concertados (Congapa) cree que la filosfía que impregna el proyecto es buena, pero cuestiona su aplicación práctica.
Uno de los puntos más contestados por la comunidad educativa es el de las reválidas. "Puede suponer que al final los cursos sirvan solo para preparar estos exámenes, como ocurre ahora con el último de Bachillerato que se enfoca solo a la Selectividad", cuestiona Jorge Villarino, presidente de Congapa.
El portavoz gallego de los padres de la enseñanza concertada defiende, en todo caso, muchos aspectos de la ley como que se homogeneicen los contenidos curriculares entre comunidades autónomas o que "se premie el esfuerzo" no dejando pasar de curso con más de dos asignaturas. "Las ideas están bien. Si los mecanismos son adecuados, debería responder un pedagogo", advierte. Además, desde su punto de vista personal, señala que el hecho de que Religión puntúe para la nota media "no aporta nada".
También en el ámbito nacional la patronal de las escuelas católicas acogieron con "frialdad" el proyecto. "Empeora la autonomía pedagógica y organizativa de los centros", critican.
Más duros aún han sido los padres de la enseñanza pública."Esta ley es un despropósito", critica la presidenta de la Federación de Asociaciones de Apas de Vigo, Bertila Fernández.En su opinión, las reválidas no son más que "obstáculos" para el alumno. "Necesitamos una ley que tire del alumnado, no que lo guillotine", se queja. También censura que se termine con la "democracia participativa" de los centros la restar capacidad de decisión a los consellos escolares y alerta que la intención del Ministerio de Educación con las reválidas es "hacer un ranking de centros" y "eso no es beneficioso porque se castigará a los que tengan peores resultados".
El portavoz de la Junta de Directores de ESO de Pontevedra, Manuel Rodríguez, es tajante con el diagnóstico. "Esta ley no servirá para resolver los problemas de la enseñanza", advierte.
Que la Religión cuente para la nota media, "no aporta nada", en su opinión. Tampoco está de acuerdo con que se endurezca el criterio para pasar de curso y que los alumnos que suspendan más de dos asignaturas tengan que repetir. "Los informes Pisa han dejado claro que el tema de la repetición no sirve para nada, el alumno no mejora", critica.
La ley no convence ni a los alumnos. "Las medidas principales que recoge el proyecto van a tener efectos negativos sobre el sistema educativo", advierte el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), Álvaro Ferrer. Por su parte, el Consejo de la Juventud cree que la Lomce generará "desigualdad".
Los decanos de las facultades de Educación mostraron igualmente su "profundo desacuerdo" con la ley. En concreto, expresaron su temor a que los itinerarios "generen lagunas o segregación temporal del alumnado".
Y la Plataforma por la Escuela Pública -integrada por padres, estudiantes y docentes- ya advirtió que continuarán con las movilizaciones porque, en su opinión, es "una ley ideológica".
Partidos
Además del rechazo y las dudas de la comunidad educativa, todo apunta a que el PP también estará solo en el Congreso en la defensa de la Lomce. Aunque el ministro José Ignacio Wert no renuncia a "conseguir un consenso más amplio", el PSOE, CiU o la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ya han pedido su retirada. Y desde UPyD también se han criticado cuestiones concretas del proyecto como que Religión puntue para la nota media o que el Gobierno adelante el dinero para garantizar la enseñanza en castellano, pero están abiertos a negociar.
En Galicia el BNG se ha sumado a la petición de retirada de la ley, a la que se opone "rotundamente". "La única razón del PP para atacar la educación pública, laica, igualitaria y diversa lingüísticamente es por criterios ideológicos cimentados en la doctrina de ultraderecha", aseguró la diputada del Bloque en el Congreso, Rosana Pérez.
El PSdeG, aprovechando que ayer se celebraba el Día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, reclamó además que se mantenga la materia de Educación para la Ciudadanía y advirtieron que la Lomce "promueve la discriminación por sexo, orientación sexual y la identidad de género".
Los sindicatos no se han quedado atrás en las críticas. Comisiones cree que Wert condena a la edudación a la "degradación progresiva". UGT, por su parte, considera que el proyecto genera "incertidumbre" sobre aspectos como la educación en valores y critica que consolide la "segregación" por sexos. Y ANPE reprocha que "no se apueste por la enseñanza pública".
