Son algo más de 8.000 trabajadores en plantilla, entre docentes y personal de servicios administrativos, entre las tres universidades gallegas los que están pendientes desde principios de año de un recorte salarial, como ya se aplicó, entre otros, a los funcionarios de la Administración autonómica. Esta disminución, cinco meses después, todavía no se materializó debido a dudas jurídicas por parte de las instituciones académicas sobre la forma de llevar a cabo el recorte, qué complementos tocar y cuáles no. Xunta y recortes llegaron ayer a un acuerdo cerrando los criterios para restar de la nómina de PDI (personal docente investigador) y PAS (personal de administración y servicios) ese 5% de ingresos, si bien ha de ser cada universidad la que dé la orden final.

Las tres universidades pidieron hace unos meses a la Consellería de Facenda consejo jurídico para aplicar el 5% de reducción que, por otra parte, ya se restó de los presupuestos de las universidades para este año. En la sesión plenaria del Consello Galego de Universidades, celebrada ayer, se comunicó a las tres universidades que Facenda "ya puso a su disposición el informe que, a petición propia de las universidades, elaboró sobre los criterios para aplicar la rebaja de la masa salarial a su personal", según avanzó ayer la Consellería de Educación.

Respecto al Plan de Financiación, el departamento que dirige Jesús Vázquez, tras la celebración del consello de universidades, instó a aplicar "en la mayor brevedad", este ajuste de la masa salarial. "Es el momento de que comiencen a aplicar los ajustes del 5% exigido para el personal al servicio del sistema universitario de Galicia, en cumplimiento de la Lei de Orzamentos, que así lo establece también para el personal funcionario de la Xunta", expresó Educación.

Las universidades expusieron hace unos meses las dificultades para llevar a cabo ese recorte, debido a las categorías y la legislación del funcionariado universitario, distinto al del resto. Educación explicó ayer que fueron las tres universidades las que solicitaron "un estudio sobre la aplicación de la medida para lograr una mayor seguridad jurídica y homogeneidad en el proceso de ajuste". Facenda aceptó la petición y elaboró "un conjunto de criterios comunes que se podrían utilizar para aplicar el ajuste basándose en el realizado con el personal de la Xunta". "El documento proporciona pautas comunes de actuación para que las universidades apliquen la reducción retributiva de acuerdo a los principios de universalidad, equidad y progresividad. A partir de este momento, serán las universidades, en aplicación de su autonomía en gestión de personal, las que efectuarán los ajustes precisos en su masa salarial", añadió Educación.