Lo puede decir más alto pero no más claro. El alcalde de Lugo y presidente del PSdeG, Xosé López Orozco, volvió a desvincularse ayer de cualquier trama de sobornos, enchufes o cobro de comisiones a cambio de contratos. "Nunca cobré de nadie ni tampoco me pagaron con enchufes ni con favores de ningún tipo", sentenció Orozco tras conocer a través de este periódico el contenido del último auto de la juez instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, que apunta a que tanto el regidor como su mano derecha en el Concello durante años, el exconcejal Francisco Fernández Liñares -que dejó la prisión en enero- cobraron 2.000 euros al mes de la empresa asturiana Cechalva a cambio de la concesión del servicio de la grúa municipal.
"No es la primera vez que me acusan en falso", censuró Orozco, quien con cinco imputaciones a sus espaldas -dos archivadas- aseguró que "será la propia Justicia" la que acabe por demostrar "su inocencia". "También esta vez será capaz de demostrar que mienten", sostuvo el alcalde en alusión a la declaración de uno de los socios asturianos de Cechalva que acabó declarando ante la juez que habían pagado para conseguir el contrato en la capital lucense.
Nada más conocer la noticia, el alcalde acudió al juzgado para tratar de hablar con la instructora pero De Lara "estaba de guardia". Y por ello se dirigió a otra de las jueces con mano de hierro, Estela San José, instructora de las operaciones Campeón y Carioca. "Le ratifiqué una vez más mi inocencia y por eso le pedí que investigue quién está cometiendo el delito de filtrar datos de un sumario secreto y con qué finalidad intentan destruir a una persona inocente", proclamó Orozco durante su comparecencia en el salón de plenos del Concello.
El regidor de Lugo mantuvo que ni "puede" ni "debe" ni va "a permitir" que se le acuse "tan impunemente de hechos" que "nunca" cometió, porque ni tiene "miedo" ni tiene "nada que esconder". "Reitero que es mentira que nadie, ni empresa ni persona, me hubiese sobornado nunca", concluyó.
Desde el PSdeG, el secretario de Organización, Pablo García, reiteró la confianza de la dirección del partido en la "honorabilidad" de Orozco ante las "falsas acusaciones". El PSdeG se sumó a la petición de amparo solicitada por Orozco al juzgado y reclamó a las autoridades judiciales que extremen las precauciones para evitar "daños irreversibles".
El auto dictado por la juez De Lara tiene por objeto adoptar la intervención judicial de la empresa Cechalva -cuyos socios están imputados en la operación Pokemon-, como medida cautelar. En esta compañía participan los empresarios asturianos Jorge Pío Cecchini y José Luis Álvarez pero también los gallegos Manuel Santiso y Javier Manuel Reguera -este último a través de su cuñado Demetrio Arias-
Cechalva fue la adjudicataria en noviembre de 2005 del servicio de grúa de Lugo, pero, según el auto, la adjudicación no fue limpia. La juez indica que Javier Manuel Reguera, funcionario en excedencia del Concello lucense, y el constructor Manuel Santiso habrían elaborado "un concienzudo plan para obtener de forma ilícita" este servicio público.
Para ello contactaron con los socios de entonces de la empresa Cechalva, Álvarez y Cecchini, "ofreciéndoles la adjudicación a cambio de cederles una participación en la sociedad". La juez explica que, según las investigaciones, el funcionario y el constructor contaban "con la inestimable ayuda" de Liñares "así como de varios técnicos del Concello encargados tanto de la elaboración de los pliegos correspondientes como de la realización de los informes de valoración".
"A cambio de la adjudicación, la empresa Cechalva en cumplimiento del compromiso previamente adquirido ha estado pagando mensualmente la suma de 2.000 euros, que tendrían presuntamente como destinatarios al alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, así como al señor Fernández Liñares", se recoge en el auto. La persona encargada de pagar los "soborno", según la juez, es Javier Manuel Reguera.
