El titular del juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña fija para el 19 de septiembre el juicio verbal por la demanda colectiva que el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, promovió contra Novagalicia Banco y las filiales de Caixa Galicia y Caixanova que colocaron participaciones preferentes y deuda subordinada entre más de 60.000 gallegos. Varela, que preveía que la vista se celebrara en julio, ha propuesto una lista de testigos que supera los 650 nombres, entre ellos a los exdirectivos de las cajas y a los actuales responsables de NCG Banco.
La propuesta de Varela todavía tiene que pasar por las manos del juez, quien decidirá sobre la procedencia o no de que declaren el exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez; el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso; el exdirector general de NCG, José Luis Pego, así como los dos principales ejecutivos de Novagalicia, José María Castellano, y César González-Bueno.
Además de ellos, Varela propone llamar a declarar a directores y exdirectores de una veintena de oficinas de las antiguas cajas y un buen número de clientes afectados, además de aportar los contratos de 2.000 clientes. Esta ambiciosa propuesta pretende, según fuentes jurídicas, aportar suficientes medios de prueba sobre la existencia de un plan preconcebido para comercializar productos híbridos entre la clientela, a la que se le adjudicaron de forma masiva.
El mismo día en que se celebrará el juicio verbal por la demanda en la que el fiscal exige la cesación en la comercialización de las preferentes -que pretende anular los contratos- y una hora antes del juicio oral, se celebrará otra vista sobre la adopción de medidas cautelares demandadas por la Fiscalía, que pide a Novagalicia el depósito de 1.108 millones de euros en los que estimaba las cantidades que las cajas obtuvieron por la comercialización indebida de híbridos.
Además del decreto que señala el día del juicio verbal, el juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña dictó una providencia de aseguramiento de una de las pruebas documentales aportadas al proceso por el fiscal superior. Se trata de un correo electrónico enviado por un director territorial de una de las cajas a sus subordinados y en el que explica las instrucciones para la comercialización de preferentes entre la clientela. Con este aseguramiento, solicitado por la Fiscalía, se busca garantizar que esa prueba no desaparezca antes de la celebración del juicio.
El juicio verbal por las preferentes se celebrará un año y dos meses después de que el fiscal interpusiese su demanda colectiva para dar una solución global a los afectados por las preferentes. Un proceso que se ha visto retrasado sobre las previsiones iniciales de buscar una salida rápida.
Una muestra de la dilación es el propio decreto de señalamiento de la vista, al que ha tenido acceso a este diario, en el que figura como fecha de resolución el 15 de abril, aunque fue notificado a la Fsicalía el pasado lunes, casi un mes después.
