El servicio de la grúa municipal en el Concello de Lugo era un negocio redondo... para la empresa adjudicataria, la asturiana Cechalva. Pero no así para las arcas municipales, para las que resultaba "altamente deficitario", según se desprende del auto sobre la intervención judicial de la firma asturiana.

No solo se consiguió el contrato de forma fraudulenta, sino que Cechalva ideó un sistema, según el relato de la juez Pilar de Lara, para sacar el máximo provecho sin apenas prestar servicio alguno para además ingresar los beneficios en una caja B que luego se repartían sus socios sin, evidentemente, declarar las ganancias.

Lo que hacía la empresa era apenas retirar vehículos de las calles, y al tener pocos ingresos por esta actividad, recibía en compensación un mayor pago por parte del Concello. Y encima falseaba facturas para ocultar el bajo coste fijo mensual de un servicio que apenas funcionaba para así poder acreditar gastos ficticios ante el Concello y desviar gran pare de los fondos municipales que recibía a la contabilidad B.

"La grúa es un servicio altamente deficitario para el Ayuntamientos, que por cierto, ha adoptado una postura totalmente pasiva al respecto", relata la juez.

Esto fue posible, según el auto, por el papel de Fernández Liñares, que incluso cuando dejó el Concello en 2008 para presidir la Confederación Hidrográfica del Miño, seguía manteniendo poder en la corporación municipal y solucionó "ciertos problemas" por el funcionamiento del servicio de la grúa. Por esta razón, Liñares siguió recibiendo pagos de Cechalva aún cuando ya no estaba en el Ayuntamiento de Lugo.

Un papel fundamental en la trama lo jugó -continúa el relato judicial- Javier Manuel Reguera, pues además de idear el plan para entregar la concesión a Cechalva, era de facto el "jefe", quien gestionaba el servicio de la grúa. Era socio de la empresa pero utilizando como testaferro a su cuñado Demetrio Arias mediante un contrato privado.

Según la juez, Reguera daba órdenes de los policías sobre la retirada de vehículos y quitaba "tasas" a amigos y recomendados, además de ser el encargado de pagar 2.000 euros al mes a Orozco y Liñares. De él también se dice en el auto que siendo "ordenanza municipal y operario de la grúa goza de un rico patrimonio inmobiliario no justificable con sus salarios declarados".

Del descontrol que había en el Concello también se cita como ejemplo que la Cechalva operó cuatro año sin licencia y sin que el Gobierno municipal hiciera algo para corregirlo.