La juez sospecha que una empresa ´sobornaba´ con 2.000 euros al mes a Orozco y a Liñares

La firma Cechalva, investigada en la Operación Pokémon, realizó los pagos a cambio del servicio de la grúa municipal - También contrataba a "recomendados" del alcalde de Lugo

14.05.2013 | 07:35
Fernández Liñarez. // Efe
Fernández Liñarez. // Efe

La juez Pilar de Lara sospecha que la empresa Cechalva de los asturianos implicados en la Operación Pokémon pagaba supuestamente 2.000 euros al mes al actual alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, y al ex teniente de alcalde, el también socialista Francisco Fernández Liñares -que salió de prisión el pasado enero-, a cambio de resultar adjudicataria en el servicio de la grúa municipal. Además, también contrataba a familiares y a enchufados de políticos y funcionarios municipales. Así se indica en el último auto de la juez que investiga la concesión de servicios públicos a cambio de sobornos y que provocó ya más de una treintena de imputados, entre ellos cinco alcaldes gallegos, como el propio Orozco.

El último auto de Pilar de Lara tiene por objeto adoptar la intervención judicial de la empresa Cechalva como medida cautelar. En esta compañía participan los empresarios asturianos Jorge Pío Cecchini y José Luis Álvarez. Las denuncias de este último destaparon el caso. Cechalva fue la adjudicataria en noviembre de 2005 del servicio de grúa de Lugo, pero, según el auto, la adjudicación no fue precisamente limpia. La juez indica que Javier Manuel Reguera, funcionario en excedencia del Ayuntamiento lucense, y el constructor Manuel Santiso habrían elaborado "un concienzudo plan para obtener de forma ilícita" este servicio público.

Para ello contactaron con los socios de entonces de la empresa Cechalva, Álvarez y Cecchini, "ofreciéndoles la adjudicación a cambio de cederles una participación en la sociedad". La juez explica que, según las investigaciones, el funcionario y el constructor lucenses contaban "con la inestimable ayuda" de Francisco Fernández Liñares, por entonces concejal en el Ayuntamiento de Lugo, "así como de varios técnicos del concello encargados tanto de la elaboración de los pliegos correspondientes como de la realización de los informes de valoración".

La juez de la Pokémon asegura que los socios de Cechalva mantuvieron "varios encuentros" con el constructor Santiso y el funcionario en excedencia Reguera y que finalmente lograron el borrador de pliegos del concurso "para que introdujeran las modificaciones que estimaran convenientes, adaptando el concurso a sus necesidades y otorgándoles apariencia de legalidad". Finalmente, Cechalva se hizo con la grúa de Lugo el 16 de noviembre de 2005. A partir de entonces, según sostiene la juez apoyándose no sólo en las declaraciones de los imputados, sino también en documentación incautada, comenzaron los pagos al regidor y al teniente de alcalde de Lugo, de quien por entonces dependía el servicio de la grúa.

"A cambio de la adjudicación, la empresa Cechalva en cumplimiento del compromiso previamente adquirido ha estado pagando mensualmente la suma de 2.000 euros, que tendrían presuntamente como destinatarios al alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, así como al señor Fernández Liñares", se recoge en el auto.

Mediador

"La persona encargada de pagar estos "sobornos" era Javier Manuel Reguera", continúa el escrito de la juez, donde se dice que esto se "asevera" mediante la declaración de imputados, la vigilancia realizada sobre los sospechosos y la documentación incautada, "siendo interceptadas anotaciones de pagos presuntamente realizados".

Pero no sólo eso. El auto indica que "a cambio de la adjudicación, la empresa Cechalva asume el compromiso de contratar a trabajadores supuestamente enchufados por ciertas autoridades y funcionarios públicos relacionados directamente con el servicio de grúa". En este sentido, la juez constata la contratación de un sobrino de Javier Manuel Reguera, también de la mujer de un oficial de la Policía Local y de otras personas, entre ellas, "algún recomendado" del alcalde de Lugo.

Además, las investigaciones han constatado que Cechalva gozaba del favor del Concello de Lugo, ya que esta "concesionaria de un servicio público ha estado trabajando la friolera de cuatro años sin ningún tipo de licencia", tal como se recoge en el auto.

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