El esperado y polémico ejercicio de reparto de cargas tenía que formalizarse antes del próximo 30 de junio. Así consta en una de las disposiciones finales de la ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que el Gobierno lanzó poco antes de recibir el préstamo europeo para auxiliar a las nacionalizadas. La prolongada incógnita de cuándo finalmente se va a aplicar la quita y el canje a preferentes y deuda subordinada -lo único conocido hasta ahora son los descuentos medios y el producto a recibir- dejaba entrever que el proceso es mucho más complicado de lo que Moncloa creía. Y de hecho la prórroga para alargarlo hasta finales de año está en capilla.

Entre las enmiendas que el grupo del PP en el Congreso acaba de presentar al proyecto de ley de Rehabilitación Regeneración y Renovación urbana hay una que nada tiene que ver con ella. Una propuesta de cambio en la normativa de reforma del sector financiero, en esa disposición final para dejar margen de maniobra a la gestión de los híbridos de capital hasta el 31 de diciembre de 2013. "Mejora técnica", consta en una escueta justificación, que fuentes del grupo popular en el Congreso achacan a la necesidad de "ganar tiempo". La otra fórmula posible para cambiar implicaría un proyecto de ley propio, con lo que sería "imposible" llegar a tiempo. Antes de esa fecha inicialmente marcada del cierre de junio.

En el FROB insisten en que se está trabajando en el proceso, sin que exista aún un calendario concreto con las fechas y las quitas individualizadas a cada emisión. La media en preferentes asciende al 43%, un 41% para la deuda subordinada con vencimiento y al 22% en la que cuenta con amortización, aunque este último cálculo solo recoge los títulos con caducidad más cercana. El FROB da por hecho los afectados por subordinadas más allá de 2016 elegirán capital ante el enorme descuento que implica la transformación por bonos.

La duda que se abre es si las nacionalizadas pueden aguantar hasta finales de año sin aplicar el reparto de cargas. NCG tiene desde finales del pasado año un déficit de capital principal de 1.198 millones de euros. Una situación que solo puede llegar a junio, según la ley de disciplina financiera. En su informe anual, el banco gallego defiende que recuperará la ratio del 9% con la quita en los híbridos.