O la Xunta asume los intereses de demora que fija la ley por retrasos en los pagos o los constructores afectados llevarán el asunto a los tribunales. Solo quieren que el Ejecutivo autonómico cumpla lo que marca la legislación: un 8% de recargo por incumplir los plazos de pago pactados por las obras adjudicadas en 2012. "Es un abuso de autoridad; una ilegalidad en toda regla", advierten contratistas a los que la Consellería de Medio Ambiente estableció en los pliegos de contratación de obra pública desde finales del año pasado intereses de demora por debajo del límite legal.

Frente a un tipo del 8% que establecía la normativa para los contratos de la administración en 2012, el Ejecutivo gallego lo rebajó a entre un 2% y un 5% en decenas de proyectos, según denunciaron a este periódico la semana pasada desde el sector de la construcción en Galicia.

Esta situación ha llevado a los constructores afectados a poner sobre la mesa la posibilidad de llevar el caso a los tribunales a través de un recurso de lo contencioso administrativo. Están a la espera de que la Xunta mueva ficha este mes: o corrige los pliegos de contratación que recogen unos recargos "sustancialmente menores" a los fijados por la ley, tal y como reconoció el viernes el propio conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, o -advierten- recurrirán a la Justicia. Pero a la vista de lo que manifestaron el viernes tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Medio Ambiente: la rectificación no se producirá. La decisión de aplicar unos intereses de demora por debajo de la ley, según argumentó Agustín Hernández, es "lógica" porque se tomó "en defensa de los intereses de los gallegos" dada la actual situación de crisis económica. Horas antes Feijóo alegaba que unos intereses de demora del 8% suponen un "gran negocio" para las empresas.

"¿Entonces para qué está la ley?", se preguntan los constructores afectados, quienes recuerdan que ellos cuando se retrasan en sus compromisos de pago con las administraciones la ley les impone unos intereses de demora del 20%. ¿Ahí no se tienen en cuenta los intereses de los gallegos?", censuran.

Desde la Federación Gallega de la Construcción confían en que el asunto no llegue a los tribunales, ya que el proceso dilataría en el tiempo los pagos de esos intereses de demora y, mientras, los contratistas afectados seguirían con problemas de liquidez para hacer frente a sus facturas. La entidad espera que la Xunta anule en las obras sacadas a concurso las cláusulas referidas a los recargos por atrasos en los pagos. De lo contrario, tomarán nuevas medidas. Su intención es elevar a finales de mes llevar este asunto a la junta consultiva de contratación gallega, dependiente de Facenda, para que emita un dictamen. Ya en 2005, la junta consultiva de contratación estatal realizó un informe en el que concluye que no puede haber alteraciones en la aplicación de los tipos de interés de demora marcados por la ley.