La Xunta informó ayer de que ultima la elaboración de un decreto para fijar el mapa de ruido de sus carreteras que debía estar listo el año pasado y que prevé aprobar este ejercicio. En el documento, se da de plazo cinco años para adaptar estas infraestructuras viarias a los niveles máximos de ruido fijados por la normativa europea. Las instancias comunitarias, en caso de incumplimiento, podrían imponer sanciones al Ejecutivo gallego.
La normativa también obligará a los ayuntamientos a que tengan listas en un año las ordenanzas municipales que regulan esta materia y fijen medidas correctoras en los puntos más problemáticos.
