La reforma local impondrá a los ayuntamientos el denominado coste estándar. Los concellos que no presten sus servicios a este precio -que fijará el Gobierno central- tendrán que cederlos durante al menos cinco años a las diputaciones y si además tienen déficit o no rinden cuentas en plazo serán intervenidos por las corporaciones provinciales. Según un informe del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente de Hacienda, y que sirvió de base para el borrador de la nueva Ley de Bases del Régimen Local, la aplicación del coste estándar obligará a los ayuntamientos gallegos a reducir la inversión en sus servicios en 61,7 millones: un 16% en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes y un 18% en los de entre 5.000 y 20.000 vecinos.

Pese al recorte que tendrán que aplicar en el precio de sus prestaciones, los servicios municipales gallegos están entre los menos costosos de España. En la actualidad los ayuntamientos de cuatro comunidades -Andalucía, Extremadura, Rioja y Baleares- ya están por debajo del coste estándar. Entre las que tendrían que hacer una menor rebaja en el coste de sus servicios, está Madrid (-11,4%) y Galicia (-16,7%), seguidas de lejos por Aragón (-28,5%) y Asturias (-30,76%). Más números tendrían que hacer los ayuntamientos de Comunidad Valenciana (una rebaja del 56,7%), Cantabria (53,45%) y Murcia (51,4%) para hacer sus servicios más competitivos.

Según los presupuestos de 2010 -datos utilizados por el IEF para su informe- a cada gallego le cuestan los servicios de su concello 322 euros, 160 menos que la media nacional y 56 euros por encima del coste estándar propuesto por el IEF para los municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes y 61 para los de entre 5.000 y 20.000 (271,37). Este dato sitúa los costes de los servicios comunes que prestan los ayuntamientos gallegos como los quintos más competitivos del país, por detrás de La Rioja (211 euros per cápita), Extremadura (268), Canarias (284) y Murcia (297). En el extremo opuesto están los municipios de Cataluña (658). Unos datos que, en contra del criterio defendido por Hacienda, revelan que municipios con más dispersión ofrecen sus servicios a un menor coste que ayuntamientos con más concentración de población.