El Gobierno central tendrá en cuenta en la reforma local las peculiaridades de Galicia

Fijará los costes de los servicios municipales según dispersión y envejecimiento - Restará fondos a las comunidades si los concellos gestionan sus competencias

11.05.2013 | 09:46

Hacienda se propone allanar el camino de la reforma local que ha puesto en pie de guerra a los alcaldes de todos los colores políticos. Y lo hará tratando de subsanar el principal escollo del borrador de mapa competencial municipal diseñado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro: el coste estándar. El precio al que cada ayuntamiento preste sus servicios será determinante para que las competencias sigan en manos de los municipios o tengan que delegarlas a las diputaciones, o incluso ser intervenidos por las corporaciones provinciales.

La reclamación de los alcaldes y de la Xunta fue recogida por el Gobierno central. El secretario de Estado de Administraciones Públicas. Antonio Beteta, anunció ayer que la nueva Ley de Bases del Régimen Local no solo tendrá en cuenta la población para determinar el coste al que cada ayuntamiento deberá prestar sus servicios. Durante su participación en unas jornadas sobre el futuro de las provincias organizadas por la Diputación de Ourense, el número dos de Hacienda garantizó que la reforma local tendrá en cuenta también las peculiaridades de Galicia, como la dispersión y el envejecimiento.

El precio al que cada ayuntamiento preste sus servicios es clave para el futuro de cada administración local. Ya que de no poder realizarlo al que fije el Ministerio de Hacienda tendrá que ceder sus competencias durante al menos cinco años a las diputaciones y si, además, el ayuntamiento no rinde cuentas en plazo o tiene déficit, será intervenido por las corporaciones provinciales. Beteta ensalzó la reforma local puesta en marcha por el Ejecutivo de Rajoy al asegurar que la "ley prohibirá la duplicidad de servicios" y que "todos aquellos prestados por ayuntamientos pero que deberían prestar las comunidades autónomas podrán ser cobrados directamente por la administración local del presupuesto destinado por el Estado a la comunidad". Esta novedad adelantada ayer por el secretario de Estado de Administraciones Públicas permitirá, según apuntó, "ampliar el peso del municipalismo en el gasto público" y "garantizará la viabilidad presente y futura de las entidades locales.

En cuanto al rechazo del municipalismo al refuerzo del papel de los interventores y secretarios municipales, Beteta sostuvo que la norma potenciará su figura con el objetivo de "garantizar que cada euro se gasta con absoluta legalidad". "Muchos confunden legalidad con oportunidad; la gestión política corresponde a alcaldes y concejales, pero el control de la legalidad es cosa de los funcionarios estatales y deben tener independencia para hacer sus informes", defendió.

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