Entre el valor que el Banco Gallego daba a su lastre inmobiliario y el precio al que se transfirió a la Sareb para sanearlo antes de su subasta hay una diferencia superior al 42%. Inmuebles y créditos a promotores sumaban 1.043,8 millones de euros, pero la revisión de las tasaciones y otros ajustes obligados para este tipo de operaciones redujeron el importe hasta los 603,7 millones. Con el desacuerdo de la propia entidad y de dos de sus sociedades participadas, ligadas al ladrillo, que han llevado la operación a la Audiencia Nacional para denunciar "un quebranto" de 43,072 millones de euros en la segregación. La demanda reprocha que parte de las propiedades no deberían segregarse y que los cálculos son incorrectos.
El recurso contencioso administrativo se formalizó el 20 de febrero y está dirigido contra el FROB. En él, la todavía dirección del Gallego consideran que el traspaso al llamado banco malo "incurrió en un error" al incluir "diversos activos inmobiliarios" de dos promotoras, Verum Inmobiliaria Urbanismo -en la que la entidad presidida por Juan Manuel Urgoiti controla el 92% del capital- y Gest Madrigal -con un 100% de las acciones-, "los cuales no eran procedentes de adjudicaciones o daciones en pago". La entidad sostiene que ese tipo de inmuebles están al margen de las pautas establecidas por el real decreto que regula los activos que se pueden transferir a la Sareb.
A lo que añade que "los porcentajes aplicados" para fijar los precios en el cambio de manos de la carga inmobiliaria "no se ajustan a las previsiones legales". El resultado, según la información sobre el recurso que Gallego recoge en su informe anual de 2012, es que los valores finales son "sustancialmente inferiores a los valores de mercado". El saldo de los activos fue de 64,568 millones de euros y el banco estima el daño en 43,072 millones. "A la fecha de formulación de estas cuentas anuales (el pasado 30 de abril), dada la incertidumbre en relación al desenlace del citado recursos, así como de las consecuencias del mismo, el Banco lo ha considerado un activo contingente", explica. Es decir. Que su recuperación está condicionada a conseguir el respaldo de la Audiencia Nacional.
El Gallego tiene otro frente judicial abierto. Pero a la inversa. Pocos días después, precisamente, de su demanda contra el FROB, la sociedad Boarges, Urbanismo y Gestión -que cuenta con el 2,8% de Verum- denunció tanto al banco como a sus dos promotoras para pedir la resolución del contrato que las une por un supuesto incumplimiento.
Entre otros motivos, Boarges, Urbanismo y Gestión mantiene que el Gallego estaba obligado "a aportar determinada financiación". La solicitud de indemnización por lucro cesante se eleva a 32 millones de euros. La cúpula del banco y sus asesores analizan la demanda en estos momentos, sin que hasta el cierre de abril se hubiera presentado ninguna alegación. La probabilidad de que la demanda suponga un impacto para el patrimonio es "remota", según sus responsables, que niegan el incumplimiento "ya que ninguna cláusula de los documentos contractuales en los que se fundamenta la reclamación obligan al banco a realizar aportaciones de capital o financiaciones concretas y cuantificadas" y "en cualquier caso, el cálculo de lucro cesante está fundamentado en unas premisas no válidas, realizadas bajo el contexto de una hipótesis de desarrollo inmobiliario y ventas de probabilidad remota".
La exposición actual
Con la segregación a la Sareb, la financiación a promotores y constructores en el Gallego cayó hasta los 139,8 millones de euros. Un año antes, ascendía a 815,5 millones. De lo que queda, 36,586 millones están en situación de impago y 709.000 euros son subestándar, lo que deja una tasa de morosidad con el sector del 26,67%. Hay otros 746,6 millones de euros en hipotecas minoristas -con una variación a la baja de apenas 50 millones respecto a 2011-, donde la mora es del 1,59%. La tasa general 7,91%. El volumen de refinanciaciones acabó el pasado ejercicio en 95,468 millones de euros, con 38,257 millones que están, según el banco, a corriente de cobro.
Los adjudicados como pago de deuda suman solo 6,5 millones. Hay 2,167 millones en activos procedentes de empresas del ladrillo -con 550.000 euros en suelo- y algo más de 4 millones en viviendas de particulares.
