La Xunta fija a constructoras intereses de demora por debajo del límite legal

El Ejecutivo rebajó el recargo a entre un 2 y un 5% en el último trimestre de 2012, cuando la ley fijaba un 8% - Medio Ambiente argumenta que la asesoría jurídica avala su práctica

10.05.2013 | 07:28
Obra de ampliación de la carretera que une Vigo con A Ramallosa. // José Lores
Obra de ampliación de la carretera que une Vigo con A Ramallosa. // José Lores

Facturas que se acumulan en los cajones de las administraciones, falta de financiación por parte de los bancos, despidos de trabajadores y cierre de empresas. Son las consecuencias de una crisis que ha sumido al sector del ladrillo y a los proveedores gallegos en una situación de ahogo financiero que se traduce en una media de doce empresas declaradas en quiebra cada semana en la comunidad ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas. Al desplome de la licitación de obra pública que desde 2008 hace cada día más complicada la supervivencia de constructoras se suma, para su sorpresa, los intereses de demora por debajo de lo que exige la Ley de Morosidad que la Xunta viene fijando a través de sus pliegos de contratación desde el último trimestre del año pasado.

Frente a un tipo del 8% que establecía la normativa para 2012, el Ejecutivo autonómico lo rebajó a entre un 2% y un 5% en decenas de proyectos, según denuncian desde el sector de la construcción en Galicia. Algunos contratistas afectados alertaron de este incumplimiento a las entidades de la construcción en Galicia. A raíz de estas quejas y de la evaluación a la que sus servicios jurídicos someten cada contratación de obra pública, la Federación Galega da Construcción elevó el pasado mes de abril una queja a la junta consultiva de contratación administrativa de Galicia, organismo adscrito a la Consellería de Facenda, para que subsane estas "ilegalidades" en los pliegos.

La Xunta niega haber cometido irregularidad alguna en sus contrataciones. Desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas aseguraron a este periódico que los pliegos de contratación que licita a Xunta "están informados favorablemente por la Asesoría Jurídica" y, por tanto -concluyen-, "cumplen escrupulosamente la legislación, ya que sin ese informe favorable no podrían sacarse a concurso público".

Sin embargo, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad advierte de la irregularidad que supone fijar unos intereses de demora por debajo de lo que marca la ley -para 2012 establecidos en un 8%, entre enero y el febrero de este año del 7,75% y desde el pasado 22 de febrero en un 8,75%-. La directora ejecutiva del colectivo, Pilar Ferrer, se declaró a este diario sorprendida por el incumplimiento de la Ley de Morosidad por parte del Ejecutivo gallego, el primer caso a nivel nacional del que la plataforma tiene constancia. "Cualquier pacto distinto al actual 8,75% o del 8% fijado para 2012 debe considerarse abusivo", sentencia Ferrer.

Para tratar de corregir las "irregularidades" en las contrataciones de la Xunta detectadas en los últimos meses, la Federación Galega da Construcción ya ha tomado cartas en el asunto. Y lo ha hecho informando de estos hechos a la junta consultiva de contratación en la comunidad para que se lo comunique a las distintas secretarías técnicas del Ejecutivo autonómico y estas corrijan los intereses de demora que fueron establecidos por debajo del límite legal. Pero la junta de contratación, según apunta Facenda, no ha recibido por escrito queja alguna en este sentido.

Los constructores gallegos esperan tener una "respuesta inminente" por parte de la Xunta que se traduzca en el ajuste los intereses de demora a lo que fija la Ley de Morosidad. De lo contrario, el primer paso que darán será solicitar un informe a la junta consultiva gallega. Ya en marzo de 2005 el organismo consultivo de contratación del Ministerio de Hacienda emitió una resolución en la que concluye que no puede haber alteraciones en la aplicación de los tipos de interés de demora marcados por la ley.

Si ante la resolución que dictamine el organismo consultivo gallego el Ejecutivo autonómico no subsana la rebaja que aplica en los tipos desde finales del año pasado, la Federación Galega da Construcción impugnará los pliegos de contratación.

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