Cuando una empresa o un particular se retrasa en sus compromisos de pago a las administraciones, se le imponen de oficio recargos del 20%. Si es la Xunta, el Estado o un ayuntamiento el que incumple el plazo de pago, los intereses de demora se sitúan en la actualidad en el 8,75%. Pero para ello, los proveedores tienen que reclamarlo. Por los retrasos en sus pagos, solo en el año 2012 la Xunta tenía un volumen de deuda de casi 40 millones, según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Este dato coloca a la administración gallega como la sexta del país, por detrás de Cataluña (casi 140 millones), Madrid (111), Comunidad Valenciana (88) y Castilla y León (49,5), con la mayor deuda por intereses de demora. En la cola de la lista están La Rioja (5,3 millones) y Navarra (12,2). El volumen total de deuda de los Ejecutivos autonómicos por los intereses de demora alcanzó en 2012 un total de 742 millones -el 5,3% corresponde a los impagos de la administración gallega-. En cuanto a los ayuntamientos, los intereses ascienden a 435 millones y de la Administración del Estado, a 189 millones -en ambos casos el dato no está disponible por comunidades-.

En la actualidad, la administración gallega paga a sus proveedores en una media de 55-60 días, cuando el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se había comprometido a reducirlo este año a 40 jornadas. La ley fija un máximo de 30.