El Congreso aprobó la polémica Ley de Costas, que permitirá legalizar parte del casco urbano de Moaña pero deja en la cuerda floja viviendas ubicadas en otros núcleos costeros como Marín, Ribeira, Vilaboa o A Illa.
La nueva norma, según defendió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, garantiza la conservación del litoral, "y no lo privatiza", al tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de 75 años.
La fórmula para legalizar estas viviendas ha sido rebajar de 100 a 20 metros la franja de protección costera en algunas zonas para permitir así la regularización de numerosos núcleos marineros. Moaña se beneficia directamente de esta medida, pero habrá otras localidades en Galicia que tendrán que acreditar una serie de requisitos si quieren que se les aplique esta rebaja en la zona de protección. El diputado popular Enrique López Veiga cree que Marín y Ribeira tienen mucho avanzado para poder cumplir con la normativa, pero habrá otros como Vilaboa y A Illa donde será más difícil.
Amnistía
El PP considera que esta reforma legal será una "protección" para el litoral, que evitará casos como el del hotel Algarrobico, pero buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de "amnistía" y de un paso mas para "privatizar" la costa española.
La reforma fue aprobada con los votos del PP, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como la de ERC que apoyó una sobre el cambio climático.
La aprobación de la nueva norma se produjo en una jornada en la que un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al tejado del Congreso y han desplegado una pancarta que decía: "El PP vende nuestra costa".
