La justicia amplía la investigación al contrato actual de la ayuda a domicilio en el Concello de Ourense

El servicio fue adjudicado a finales de 2011 por casi 17 millones de euros

09.05.2013 | 07:32

La batalla sin cuartel, con munición cruzada a base de correos electrónicos, entre los dos viejos socios del servicio privatizado de ayuda a domicilio en el Concello de Ourense se propaga a un nuevo frente en los juzgados. La investigación penal sobre la privatizada prestación municipal ampliará el foco de la época anterior de concesión -entre 2007 y 2011-, en la que se coligen indicios de varios delitos y que un juez está desentrañando, a la actual contrata en vigor desde finales de 2011, resuelta en una millonaria adjudicación de hasta 16,8 millones de euros que marcó el desencuentro definitivo entre los dos empresarios y antiguos colaboradores, hoy muy mal avenidos y en pugna directa arrojándose culpas y responsabilidades el uno al otro que, a la vez, dejan en el medio sospechas de presuntas irregularidades que afectarían a políticos y funcionarios del Concello de Ourense.

La magistrada de Instrucción número tres de la ciudad acaba de señalar las primeras declaraciones para investigar un presunto plagio que, presuntamente, resultó crucial para la concesión del servicio por parte del Gobierno ourensano a la sociedad constituida por el economista y cónsul honorario de Costa de Marfil, Alberto López, -gerente antes y gerente hoy- y la firma multinacional FCC. La acusación parte de José Troncoso, su exsocio. Lo culpa de plagiar su propuesta para concurrir al proceso con una memoria que, a la postre, acabó por otorgar la millonaria concesión a la UTE de López. Las dos propuestas coincidían con el precio exacto.

La juez interrogará el próximo 7 de junio a dos mujeres citadas en calidad de testigos una trabajadora del servicio y una colaboradora de Troncoso, reabriendo de este modo una investigación que había optado por archivar en un inicio. Tampoco apreció delito por los mismos hechos el fiscal jefe, que sobreseyó la denuncia de Troncoso el pasado mes de octubre. La juez que lleva el caso se ha visto obligada a actuar por orden de la Audiencia Provincial de Ourense, ya que el tribunal consideró "prematuro" el archivo de la causa.

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