El proyecto legal que garantiza un tiempo de espera máximo de 60 días para operarse fue aprobada ayer de nuevo por la Xunta, después de que su tramitación quedase interrumpida por el adelanto electoral del pasado otoño. El texto establece que un paciente tendrá que ser operado en dos meses y si la red pública no puede ofrecerle un quirófano, tendrá derecho a ser intervenido en una clínica privada a costa de la administración, además de fijar en 45 días la espera máxima para consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas.

La Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias será ahora enviada al Parlamento para su aprobación este mismo año. El texto también permite la libre elección no solo del médico de cabecera, sino también de pediatra y enfermeros, así como fija un plazo de 10 días para solicitar una segunda opinión médica y 15 para ser atendido en esa nueva consulta. También facilita dar instrucciones previas a un tratamiento a los pacientes, que no necesitarán darlas ante notario o tres testigos, sino que será suficiente con hacerlo ante miembros del hospital.

Feijóo celebró ayer la aprobación de esta norma, que ya había recibido el visto bueno del Consello antes del adelanto electoral, y el cumplimiento del programa del PP, si bien la ley llega con retraso, pues fue una de las promesas de los populares en la campaña de 2009. Entrará en vigor a finales de este año si se cumplen los plazos legales de tramitación parlamentaria.

Este texto legal fue duramente criticado por el Consello Económico e Social (CES), como adelantó este diario, que considera que los tiempos máximos se espera "no son factibles", ni siquiera a medio plazo, "sin una importante inyección de recursos en el sistema: económicos, técnicos y humanos". La Consellería de Sanidade no prevé inyectar más fondos a este proyecto este año, lo que para el CES "pone en tela de juicio su viabilidad".

El presidente del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, vinculó el dictamen del CES a un voto particular de los sindicatos, aunque la crítica al proyecto es conjunta de todo el organismo consultivo. Defendió además la ley. "Acredita que si hay algún interés por privatizar la sanidad con ella será imposible", proclamó.

También indicó que el texto fijará por imperativo legal que se opere en función de la gravedad de cada paciente y no de las necesidades de cada servicio, habilitando quirófanos de una planta para intervenciones de otra en caso de ser necesario. "Adecuaremos las prioridades clínicas al trabajo de los centros de salud", aseguró.

En la reunión semanal del Consello también se aprobó destinar 25 millones de euros a los concellos. De ellos, 10,2 millones se destinarán a talleres de empleo que crearán, según la Xunta, mil puestos de trabajo en colectivos de especial vulnerabilidad. Esta partida forma parte de la orden de ayudas por 138 millones aprobada hace una semana para beneficiar a 37.500 gallegos.

Además, los concellos recibirán 4,4 millones para mejorar sus parques empresariales, 4 para mejorar la eficiencia energética y 4,5 para mejorar el comercio de proximidad.