El PSdeG propone ´penalizar´ fiscalmente las viviendas vacías a través del IBI

Los socialistas quieren revertir una "situación escandalosa" con casi 300.000 inmuebles desocupados mientras siguen los desahucios - Hay 5.300 desalojos en trámite en Galicia

01.05.2013 | 00:00

El PSdeG-PSOE llevará una iniciativa al Parlamento en la que propondrá "penalizar" fiscalmente las viviendas vacías con el objeto de poner fin a una "situación escandalosa", en referencia a que en la comunidad gallega existen casi 300.000 inmuebles desocupados mientras continúan los desahucios de familias incapaces de hacer frente al pago de sus hipotecas. El portavoz de Vivienda del PSdeG, Xosé Sánchez Bugallo, que ayer presentó la iniciativa, precisó que los socialistas optan por movilizar el mercado de los pisos vacíos actuando sobre el IBI con "bonificaciones" o "penalizaciones", dependiendo de si están ocupados o vacíos.

El PSOE quiere que Galicia siga la misma senda iniciada por Andalucía, comunidad que ha aprobado este mes un decreto para sancionar las viviendas desocupadas, o Cataluña, que estudia implantar una tasa, pero sobre la que aún no hay una decisión definitiva.

En el caso de Andalucía, la medida se destina a los bancos e inmobiliarias, que podrán ser multados hasta con 9.000 euros. El decreto establece que se consideran viviendas no habitadas cuando no cuenten con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, considerarán aspectos como la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas. Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación.

Y la intención del Gobierno catalán es gravar con un impuesto las viviendas vacías de bancos y promotores inmobiliarios en los municipios donde haya una demanda de alquiler social, medida que en ningún caso afectará a los particulares y que se integrará en la ley de acompañamiento de Presupuestos de este 2013 para penalizar la desocupación injustificada de los inmuebles.

Bugallo señaló que aunque existen vías como la explorada por Andalucía, el PSdeG se muestra más partidario de imponer bonificaciones o penalizaciones a través del IBI.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Galicia es comunidad con un mayor porcentaje de viviendas vacías. Su casi 300.000 pisos sin ocupar representan un 18,6% del parque inmobiliario, recordó el diputado socialista. Ourense y Lugo son las provincias españolas con mayor tasa de casas deshabitadas, mientras que A Coruña ocupa el cuarto lugar en el ranking. Además, son ocho los municipios gallegos de más de 20.000 habitantes que se cuelan entre los 30 de toda España con un mayor porcentaje.

Y frente esta radiografía inmobiliaria, Sánchez Bugallo puso como contrapunto que 3.511 familias gallegas perdieron su vivienda en 2012 y que otras 5.300 están en trámites judiciales para ser desahuciadas.

Ante esta situación, lamentó que no se ejecute una política de vivienda enfocada a "ayudar" a las personas desalojadas o para "poner en el mercado" los inmuebles, pese a que es competencia de la Xunta. Y, para sustentar sus afirmaciones, destacó que el presupuesto gallego prevé 20 millones de euros para este tipo de medidas, frente a los 200 que se destinaban en 2009.

En su comparecencia ante los medios, Bugallo reclamó además al Gobierno central que relaje los requisitos para regularizar más núcleos marineros tradicionales en la reforma de la Ley de Costas, que solo falta su ratificación en el Congreso para su aprobación definitiva.

Junto con ello, al igual que en la última sesión plenaria, el diputado socialista requirió a la Xunta que lleve a cabo "gestiones" con el Gobierno central para que "se respete el acuerdo unánime" del Parlamento d Galicia en relación con la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los núcleos costeros. Una de ellas, como dijo, sería incluir en la relación de núcleos excluidos del dominio público marítimo-terrestre (en la que ya figura Moaña) las localidades pontevedresas de Vilaboa, Mogor y A Illa.

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