La justicia estrecha el cerco al Hotel Balneario Talaso Atlántico del municipio pontevedrés de Oia, con sentencia firme de demolición desde 2009, fecha en que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias urbanísticas del edificio al considerarlas no ajustadas a la normativa. A instancias de la Xunta, la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra ha ordenado al Concello la ejecución forzosa del citado fallo antes del próximo 30 de diciembre. Si el derribo no se produce, avisa la juez, el alcalde, Alejandro Rodríguez, deberá afrontar multas coercitivas de 1.500 euros o un importe mayor con cargo a su patrimonio personal.
El asunto se encuentra pendiente del pronunciamiento del TSXG. Tanto el Ayuntamiento oiense como la sociedad propietaria del negocio, Balneario del Atlántico S.L., han interpuesto sendos recursos de apelación tras conocer el auto del Contencioso de Pontevedra, que trascendió ayer pese a tener fecha del pasado diciembre.
La magistrada rebate ya en este auto los argumentos de Administración local y empresa. El Ayuntamiento había argumentado ante este tribunal que las obras podrían legalizarse en el futuro y, ante esta circunstancia, solicitaba la suspensión de la ejecución del derribo. Pero la juez no considera acreditada la posibilidad de ajustar el inmueble a la legalidad y destaca el informe pericial de un arquitecto, que confirma que la edificación incumple tanto las normas subsidiarias del municipio como las exigencias del Plan de Ordenación del Litoral (POL) de la Xunta, que exigiría la supresión de la zona residencial del complejo, dado que solo permite el uso de talasoterapia. Recuerda además este informe que la obra no contó con una autorización autonómica previa a la concesión de la licencia, requisito indispensable en suelo rústico, y que no se adecúa a las exigencias en materia de lindes, alturas y número de plantas.
Quiebra municipal
Por su parte, la compañía hotelera insistía en la imposibilidad de llevar a cabo la demolición por cuestiones económicas. Oia es un municipio de apenas tres mil habitantes con un presupuesto municipal de 1,3 millones previsto para este año, todavía pendiente de aprobación. Según los cálculos de la firma, elaborados por el economista Antón Beiras, el importe de la indemnización que la Administración tendría que aportarle en concepto de daños y perjuicios -tras haberle concedido las licencias s en el año 2000, anuladas después en 2009- asciende a 17.420.117 euros, una cantidad que hipotecaría de por vida las arcas municipales. Pero el juzgado pontevedrés insiste textualmente en que "para que pueda hablarse de daño real y efectivo, y evaluable económicamente, debe haber tenido lugar el derribo (en caso contrario no es posible hablar de ese daño real y efectivo)".
El dueño de Balneario del Atlántico, Jesús Pérez Gil, declinó valorar ayer el auto judicial porque se encuentra pendiente de la respuesta del Tribunal Superior a los recursos presentados. Simplemente se limitó a decir que la empresa "hará lo que determinen los jueces", aunque lamentó las circunstancias "después de tantos años de lucha".
Una década de proceso
Y es que el proceso judicial cumple ya una década. La Xunta lo puso en marcha al considerar irregulares las licencias concedidas por el Concello en el año 2000 al amparo de una ordenanza número 13 de las normas subsidiarias que nunca llegó a entrar en vigor por un despiste técnico del propio Ayuntamiento. La citada norma recalificaba los terrenos y los convertía en suelo de uso hotelero, pero no llegó a publicarse en el BOP ni en el DOG, por eso no puede considerarse efectiva. A efectos legales, la zona es rústica de especial protección. Así que el Ejecutivo gallego ha insistido en todo momento en que los permisos carecen de la correspondiente autorización de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, entonces COTOPV.
Cuando el TSXG anuló las licencias, el Ayuntamiento solicitó una moratoria del derribo para adaptar el inmueble a la legalidad en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Pero el documento continúa en un proceso inicial de su tramitación y se desconoce cuándo podrá entrar en vigor.
Este no es el único procedimiento en el que se ve inmersa la sociedad mercantil propietaria del balneario. Recientemente, la Jefatura Provincial de Costas del Estado le ha abierto un expediente y ha amenazado con retirarle la concesión por irregularidades en los vertidos de aguas fecales y en la toma de agua del mar para los tratamientos, ubicadas en zonas distintas a las que figuran en los permisos.
