El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resolverá en los próximos días si ratifica o anula el expediente de despido colectivo de la Diputación de Ourense, un ERE a la medida de las administraciones públicas, pionero en Galicia y en cuya memoria el presidente José Manuel Baltar afeaba la política de contrataciones masivas y las prácticas contables de su padre, que llegó a estirar la plantilla del ente hasta el millar de empleados, con máximos durante las elecciones.

El expediente enseñó la salida, con efectos desde el 1 de marzo, a 25 trabajadores de una institución que, tal y como Baltar manifestaba el lunes, sigue sobredimensionada y podría operar con 600 o 650 personas, dejando la puerta abierta a nuevos recortes en masa. La Xunta, a través de Traballo, optó por archivar el ERE al apreciar irregularidades.