Bailar al son de las mejores orquestas de Galicia llevará a tres alcaldes y un exregidor de A Costa da Morte al banquillo. Dos años después de que comenzasen las pesquisas de la operación Orquesta, una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y desvío de dinero destinado a la organización de fiestas locales, el juez instructor ha cerrado la investigación con un auto con un total de 26 imputados (además de los regidores, concejales, funcionarios y empresarios de la comarca coruñesa). Una vez concluida la instrucción, la causa pasará a la Audiencia Provincial de A Coruña. Los imputados pueden presentar recurso de apelación antes de que el caso llegue al tribunal.
Prevaricación, tráfico de influencias y cohecho son los delitos que se les imputan a los alcaldes de Fisterra, José Manuel Traba y de Mazaricos, José Manuel Santos, ambos del PP y en libertad provisional desde febrero de 2011. Procesado por los mismos cargos está el regidor de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema. Al exalcalde de Cee y ahora portavoz en la oposición, el independiente Ramón Vigo, además de los tres delitos también se le atribuye el de malversación y falsedad documental.
De la lista inicial de imputados queda fuera el funcionario del juzgado de paz de Muxía, Carlos Rey Paz, que figuraba en el sumario -de más de 10.000 folios- acusado de "falsificar facturas para obtener subvenciones de forma fraudulenta" de la Xunta, "en clara connivencia con funcionarios de la Consellería de Cultura", y buscar un reedito electoral del PP de Corcubión. Ahora, el juez instructor cree que no hay indicios suficientes contra él.
La Casa de Cultura de Cee, el campo de fútbol y el saneamiento de Sardiñeiro, en Fisterra, la guardería y la plaza de Mazaricos y la reforma del Campo do Rollo de Corcubión son algunas de las obras en el punto de mira de la investigación judicial. El juez instructor sospecha que estas adjudicaciones a la empresa de Muxía Construcciones Ogando, por un valor de 2,7 millones, se produjeron mediante el pago de comisiones a alcaldes, concejales y empleados públicos.
La investigación que destapó la operación Orquesta arrancó en 2009. Entonces, para seguir los pasos de uno de los imputados, Jorge López Lago, un empresario de espectáculos musicales al que la policía vincula con el mundo del narcotráfico. A raíz de su implicación con el alijo de cocaína del South Sea, se le intervino el teléfono. Fue su amistad con el ahora exalcalde de Cee la que destapó una trama que nada tenía que ver con las drogas, sino con presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de favores.
Amistad e intermediarios
El empresario de espectáculos musicales, imputado por supuestos delitos contra la Hacienda pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, habría actuado como mediador entre Construcciones Ogando, empresa fundada en Muxía hace más de dos décadas, y el ahora exregidor de Cee para abrirle las puertas en ese municipio.
Las pruebas apuntan a que López Lago actuó como intermediario valiéndose de su amistad con el alcalde, por lo que habría recibido del empresario de la construcción la cantidad de 8.000 euros. Tras pagar 6.000 de fianza, el representante de orquestas quedó en libertad; mientras que tanto el constructor Daniel Ogando como su hijo, también imputado en la causa, tuvieron que depositar 10.000 euros cada uno para eludir su ingreso en prisión.
Con la mediación del representante de orquestas, la constructora Ogando tendría también las puertas abiertas para conseguir obras en Mazaricos y en Fisterra. En el primero de los casos, el alguacil del Ayuntamiento, Benito Martínez, habría recibido, presuntamente, un sobre de los constructores con 5.000 euros, una cantidad que supuestamente se iba a destinar a pagar la fiesta de A Fervenza.
Nada más destaparse la operación, los alcaldes imputados proclamaron su inocencia. Portavoces de la oposición consultados por Europa Press apuestan por respetar el derecho a la presunción de inocencia porque a la causa -aseguran- aún le queda mucho recorrido, pero destacan que el hecho de que el juez mantenga las imputaciones "significa que hay indicios de que se produjeron irregularidades".
