La teniente de alcalde de Ourense imputada culpa a sus funcionarios de las facturas

Marga Martín declaró ayer en el juzgado que investiga las presuntas irregularidades en los pagos realizados por el servicio de ayuda a domicilio

28.03.2013 | 09:27

La concejala de Benestar Social y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín, declaró ayer en el juzgado en calidad de imputada, aunque sin delito específico, por la ayuda a domicilio del Concello, un servicio bajo investigación judicial que entre 2007 y 2011 percibió más de 3 millones de euros al año de las arcas públicas. El magistrado constata indicios de posibles irregularidades en la gestión de pagos, supuestos tratos de favor, facturas corregidas con típex, resoluciones presuntamente prevaricadoras y supuestas falsedades.

La concejala, interrogada durante dos horas, solo quiso contestar al magistrado y a su abogado y descargó en sus funcionarias y técnicos las responsabilidades relativas al procedimiento de la controvertida facturación. Marga Martín puntualizó en todo caso que era Francisco Rodríguez, alcalde hasta su detención en la Pokémon, el que junto al interventor era competente en dar las órdenes de pago. El exregidor autorizó en solo cinco meses 1,5 millones de euros levantando reproches del interventor mediante decretos.

El contrato por el servicio concluyó en 2011, un año más tarde de que el TSXG anulara la adjudicación y durante el cual el Concello siguió pagando sin existir el amparo legal de un contrato y con numerosos reparos del interventor por lo que consideraba una gestión irregular de fondos públicos.

La imputada aseguró, en todo caso, que la tramitación y proceso del servicio de atención domiciliaria "se hizo de forma legal y transparente, sin irregularidades, pues todo fue de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos exigidos en cada momento". "No hay facturas falsas, sólo facturas de regularización como hay en todos los servicios municipales de todos los concellos y como hubo en este mucho antes, desde que se presta este servicio de atención domiciliaria", argumentó.

Marga Martín mencionó a tres trabajadoras municipales de su servicio como responsables directos de la gestión de la ayuda a domicilio. La teniente de alcalde respondió ayer en el juzgado atribuyendo a una funcionaria la función de controlar y validar las facturas; a la jefa de negociado la recepción de la misma y a la jefa de servicio, el control y la firma. A ella, puntualizó, nunca le daban cuenta del contenido de las mismas ni tampoco ordenó como se debía realizar la facturación. Su rúbrica figura en las hojas de liquidación. "Firmo porque sé que se han controlado", dijo.

La investigación partió de una denuncia de Democracia Ourensana, que llamó la atención sobre dos supuestas facturas infladas de 236.000 euros correspondientes a 2008.

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