A las condiciones impuestas por Bruselas a España a cambio de las inyecciones multimillonarias para la banca, todas recogidas en el Memorando de Entendimiento (MOU) y desarrolladas luego por la ley de reforma financiera, se agarra con fuerza el Gobierno para tratar de justificar una y otra vez que en las duras quitas previstas para los híbridos de capital de las nacionalizadas no hay marcha atrás posible. Con la advertencia de que esos criterios son "estrictos" y que las autoridades comunitarias "están vigilando de cerca" el cumplimiento. Rotundo. Muy rotundo fue ayer el secretario de Estado de Economía durante su análisis en el Senado de la situación en la que se encuentran los miles de afectados por preferentes y deuda subordinada en NCG. El llamado reparto de cargas es indispensable, según Fernando Jiménez Latorre, para "salvar" el banco gallego y adaptarse al imperativo de que su rescate suponga "el menor impacto para el contribuyente". "No deberíamos crear una falsa expectativa sobre lo que se va a permitir o no", reclamó, ante la petición del grupo socialista en la Cámara Baja de acabara con esta "estafa".
"La Comisión ha sido muy estricta en la aceptación de los canjes, se ha negociado de la mejor manera posible -añade el secretario de Estado- y se ha conseguido que sean lo más generosos posibles". Después de repasar los descuentos medios estimados por el FROB para los titulares de deuda, con un 43% en las preferentes, un 41% en subordinadas perpetuas y del 22% en las de vencimiento -y el reconocimiento expreso de que dentro de cada uno "habrá recortes distintos" en función de sus características-, Jiménez Latorre puso el acento en la conversión por capital de NCG como mejor vía. Los 1.107 millones de euros en acciones, como adelantó FARO el pasado viernes, que permiten que la inyección de fondos públicos no tuviera que subir de los 5.400 millones recibidos y que, según el Gobierno, los tenedores no hubieran sufrido un batacazo mayor.
¿Por qué? Por la conocida prelación en el reparto de cargas. En otras palabras, el orden de prioridad en la asunción de pérdidas y que sirve "de principio" obligatorio para todas las ayudas públicas. "Empezando por accionistas, luego preferentes, deuda subordinada perpetua y a vencimiento", destaca el número dos del Ministerio de Economía. "Es un principio muy estricto en la UE -continúa-. Basta con recordar el SNS Reaal, la cuarta entidad holandesa, en la que los titulares tuvieron que asumir un 100% de pérdidas". Que los afectados se conviertan en accionistas de Novagalicia "fue lo que justificó un menor recorte del que establecían los precedentes y las normas de la UE".
Ni cambios en el primer descuento previsto para los afectados, ni tampoco en el adicional que les espera si acuden al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para hacer líquidas las acciones que reciban. "Precio de mercado", insiste Jiménez Latorre. Lo que apunta directamente a ese segundo descuento porque si no fuera así "se consideraría una transferencia al sector privado, una ayuda de Estado" y "sabiendo lo que piensa la Comisión sobre esta cuestión obviamente no la va a aprobar". "La Comisión va a estar vigilando muy de cerca y no conviene crear una falsa expectativa -resume- de que se pueda hacer a un precio que no sea el de mercado".
El rescate a NCG, "con unas necesidades de capital muy significativas que ponían en evidencia la inviabilidad del negocio", y "minimizar su coste para el contribuyente" guiaron el plan de resolución del banco gallego, de la mano del sistema de arbitraje para "los casos en los que la comercialización fuese más cuestionable". Un "esfuerzo significativo", aunque, avisa Jiménez Latorre, "con límites", otra vez a causa de la normativa europea. De hecho, en todo su discurso siempre se refirió a que en Consumo se dará "una solución" a "los casos más llamativos".
