Tres días después de que el FROB anunciase quitas medias del 43% para las preferentes, un 41% para las subordinadas perpetuas y un 22 para la subordinada con fecha de vencimiento, los afectados demostraron su "cabreo" y volvieron a exigir "la devolución del cien por cien de su dinero". Si el sábado se fueron a Silleda, donde el PPdeG celebraba su congreso provincial, ayer eligieron cinco municipios gobernados por el partido en el poder, Sanxenxo, O Grove, Salvaterra, As Neves y Gondomar, y obligaron a suspender sus plenos. La mayor tensión se produjo en Sanxenxo. La presión se dirige al PP, pues entienden que es el único que puede ofrecerles una solución política y permitirles recuperar la totalidad de sus ahorros "atrapados en una entidad controlada por el Estado". No dan la batalla por perdida, aseguran que "las protestas no van a parar" y critican el despliegue policial, sobre todo en Sanxenxo. "No somos delincuentes, ni terroristas, somos ciudadanos que reclamamos lo nuestro. Que gasten más en ayudarnos y menos en reprimirnos", dicen.
Sanxenxo. El último pleno de ayer fue quizás también el más polémico. Fue suspendido por las protestas de los afectados de las preferentes en el interior y el exterior del edificio, y por la marcha de los concejales de la oposición, que criticaron a la alcaldesa, Catalina González, del PP, por limitar el acceso de público a la sesión y pedir el DNI a todos los que accedían al pleno. Al salón solo se dejó entrar a unos 50 perjudicados, mientras que en el exterior quedaron otros tantos, que expresaron su protesta con gritos, silbatos y bocinas. LLamó la atención el despliegue policial, con agentes con escudos, para escoltar a la regidora y sus ediles a la salida del concello, por la puerta de atrás y dos horas después de suspendido el pleno. A la puerta, le seguían esperando los afectados, que tras tres meses encerrados en el concello, advirtieron de que la actitud de la alcaldesa ayer, que les acusó de "montar un circo", "lo cambia todo".
Salvaterra de Miño. Más de un centenar de afectados boicoteó ayer por la mañana el pleno de Salvaterra, que fue suspendido por el alcalde. Irrumpieron en el salón de sesiones para exigir al regidor Arturo Grandal (PP) y sus ediles la dimisión como forma de presión ante su partido en Santiago y Madrid y así ayudarles a recuperar "la totalidad de sus ahorros". Los ediles del PSOE y el BNG, como en otras ocasiones, en señal de apoyo abandonaron sus asientos y se sentaron junto a los afectados. El regidor y los concejales del PPdeG salieron del salón de plenos, entre los gritos y silbidos de los afectados, pero sin más incidentes. Acto seguido, se marcharon del consistorio por el garage, donde guardan sus coches, como es habitual. Los manifestantes accedieron hasta la puerta del despacho del regidor, que estaba cerrada, y permanecieron una hora en el concello, con bocinas y consignas de protesta.
As Neves. Los silbidos de los afectados forzaron al regidor de As Neves, Raúl Emilio Castro (PP), a suspender el pleno que salió acompañado de sus ediles y escoltado por la Guardia Civil y la Policía Local, en un ambiente tenso pero sin incidentes violentos. No era la primera vez. En el último pleno, acudió solo para informar a la oposición de la desconvocatoria de la sesión, a la que ya no había llamado a sus ediles, y tuvo que salir protegido por la Policía.
Gondomar. Los afectados de las preferentes acudieron al concello de Gondomar pensando que su voz se podría escuchar en el pleno, pero el regidor había decidido darles el turno de palabra antes de abrir la sesión plenaria, que había sido solicitada por el grupo nacionalista precisamente para abordar su problema. Los afectados en respuesta permanecieron mudos durante la media hora reservada para ellos en señal de protesta. "Queríamos que viniese el pueblo, explicarles a los vecinos lo que nos está pasando; no venimos aquí para hablar con las paredes", explicó uno de los afectados. Además, motivos laborales impidieron asistir a la sesión a las dos portavoces de que iban a tomar la palabra. Tras las protestas de los afectados y de la oposición, el regidor suspendió el pleno y anunció que se celebrará mañana a las ocho de la tarde.
O Grove. El pleno de O Grove duró apenas diez minutos, los necesarios para aprobar un convenio de teleasistencia domiciliaria con la Diputación de Pontevedra, cuyo plazo de inscripción está a punto de finalizar. Acto seguido, el regidor, Miguel Ángel Pérez (PP) agradeció a la veintena de afectados el gesto de permitir la aprobación y suspendió el pleno, que los manifestantes estaban dispuestos a boicotear si proseguía.
Vigo. Boicot al PP, pero también protestas en NCG en Cangas, Moaña y en Vigo. Uno a uno, y sin que en ningún momento quedara libre la entrada de la sede central de Novagalicia en Vigo, pancarta incluida, algo más de un centenar de afectados colapsaron el ritmo diario del banco para adelantarse a los temidos acontecimientos. "Por la presente, yo (?), con DNI (?), les comunico que en adelante no admito ni reconozco cambio alguno en las condiciones o situación en que se encuentren los productos que con ustedes pueda tener contratados". El comienzo, rotundo, del escrito que entregaron deja muy claro que no están dispuestos a aceptar la quita. Ahora más cerca que nunca. Ni tampoco a que NCG les haga llegar una notificación con el descuento y el canje. Y si lo intenta, que sea "por escrito certificado", con el plazo que ellos marquen "para aclarar con asesores legales" las modificaciones posibles. El director territorial de NCG les confirmaba ayer que el arbitraje seguirá. Precisamente por las repercusiones psicológicas que el proceso están teniendo para parte de los afectados, a la salida del banco, el grupo presentó también individualizadamente una petición para reunirse con la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, y responsables territoriales de la Consellería de Sanidade.
