Las medidas del Gobierno central para frenar los desahucios en los casos de extrema necesidad y las decisiones de algunos bancos de echarse atrás en los procesos de ejecuciones hipotecarias por la mala imagen que causa no parecen que hayan surtido demasiado efecto. Ni en Galicia ni en el resto de España. Porque los desalojos, ya sea de viviendas, locales o fincas, se han disparado de media un 26% en el último trimestre del año 2012, hasta llegar a los 101.034 en el conjunto del país. La comunidad gallega no fue una excepción y entre octubre y diciembre los desahucios se incrementaron un 27% para cerrar el año con 3.511 lanzamientos, que así es como se llama a los desalojos en la terminología judicial.

Estos datos, facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, no son comparables con los de años anteriores porque se refieren a la estadística de lanzamientos decretados en los juzgados de primera instancia, datos que son más fiables pero que se han comenzado a utilizar este año.

La provincia gallega con mayor número de desahucios durante 2012 fue la Pontevedra. Los juzgados registraron 1.425 desalojos, un poco más que los contabilizados en A Coruña, que fueron 1.376. A gran diferencia se encuentran las provincias de Lugo y Ourense, con 396 y 314 lanzamientos, respectivamente, debido a su menor población.

En todo caso, el problema de Galicia dista mucho del nivel que alcanza en otras comunidades. Cataluña está a la cabeza con 25.422 desalojos decretados, muy por encima de Madrid, con 14.549, Andalucía (13.638) o Valencia (13.199), todas ellas con poblaciones superiores a la gallega. Pero incluso autonomías con menos peso demográfico que Galicia la superan en número de desahucios. Así, es el caso de Canarias (6.581), Castilla y León (4.114) y Castilla-La Mancha (3.833).

Si se tienen en cuenta los lanzamientos acordados por los servicios comunes de actos de comunicación y ejecución y no los llevados por los juzgados de primera instancia, entonces la cifra se rebaja en toda España a 46.408, de los que 1.801 corresponden a Galicia. Esta cifra, que no es tan fiable, se mantiene más o menos estable en los últimos tres años.

En todo caso, las perspectivas para los próximos años no apuntan a una mejoría del problema, porque el conjunto de los juzgados españoles iniciaron en 2012 91.622 ejecuciones hipotecarias -un 17,7% más que en 2011-, que en el peor de los casos pueden acabar también en desahucio. En Galicia se iniciaron el pasado año 2.528 de estos procedimientos, lo que supone un incremento del 26,2% con respecto al ejercicio anterior. A final de año, sumadas las presentadas y restadas las resueltas, quedaban en los juzgados 198.166 procedimientos de ejecución presupuestaria en tramitación, de las que 5.290 corresponden a la comunidad gallega.

Evidentemente, detrás del drama de perder la vivienda por la imposibilidad de afrontar las cuotas está la crisis. Las ejecuciones presupuestarias iniciadas por los órganos judiciales han crecido un 368% durante los cinco años de recesión (2008-2012) en comparación con el lustro anterior (2003-2007), de forma que se han multiplicado por más de cuatro y han registrado un aumento medio anual del 74%, según el propio recuente realizado por el Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, las demandas para reclamar el pago deudas no han experimentado apenas cambios. En el caso de Galicia se mantienen en las 9.400 presentadas cada año desde 2009. En el conjunto de España, en 2012 se registraron 700.208, lo que representa apenas un incremento del 2% con respecto al ejercicio anterior. Con respecto al lustro anterior a la crisis, el aumento es algo más del doble.