La defensa del exministro socialista José Blanco considera una "completa fantasía" la imputación a su cliente de un delito de tráfico de influencias relacionado con posibles gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en Sant Boi de Llobregat.
En el escrito presentado ayer en el Tribunal Supremo para pronunciarse sobre el suplicatorio reclamado por la Fiscalía al Congreso el pasado día 12 para poder juzgar al político socialista, el abogado de Blanco sostiene que "no existe ni un solo indicio" de que el exministro cometiera el delito. "La Fiscalía desprecia las evidencias de inocencia (de Blanco), pero ni siquiera con tal desprecio podrá demostrar la presencia de los elementos típicos del delito de tráfico de influencias o de prevaricación", afirma el informe.
En su escrito, el abogado, que pide el archivo de la causa, denuncia la existencia de "graves irregularidades" que conllevan la nulidad de las diligencias practicadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales en las que "se basa" la acusación del fiscal, que ha pedido el suplicatorio al Congreso.
El letrado sostiene que el ministerio público se ha basado en "unos informes para cuya elaboración la UDEF accedió ilegítimamente y sin permiso alguno a unas supuestas conversaciones telefónicas grabadas por orden de otro juez" y en "unos informes unidos a la causa con la instrucción ya concluida".
