Desalojan del pleno de Santiago a afectados por preferentes

Tras aprobar por unanimidad los grupo un acuerdo para que el Concello recabe toda la información necesaria sobre el caso

21.03.2013 | 21:28

La Policía municipal ha desalojado a un grupo de vecinos del pleno de Santiago por orden del alcalde, Ángel Currás (PP), justo después de que los tres grupos municipales hubiesen alcanzado un acuerdo por unanimidad sobre los afectados de las participaciones preferentes y subordinadas.

Las personas desalojadas pertenecen a una plataforma de afectados por estos productos bancarios y estaban en el pleno en representación de este colectivo, mientras fuera de las instalaciones municipales permanecían unas dos docenas de afectados.

El orden del día del pleno se varió, a petición de vecinos que seguían el pleno, para votar el acuerdo alcanzado entre los tres grupos.

Sin embargo, al finalizar la lectura y la votación, uno de los vecinos pidió un turno de palabra, que le fue denegado.

En ese momento, el vecino comenzó a alzar la voz para decir que el PP comunicará mañana "una quita, un corralito" para los afectados por las participaciones preferentes.

Mientras el alcalde le insistía en que no tenía la palabra y que debía permanecer en silencio si quería continuar en el pleno, a lo que el vecino, apoyado ahora por otras cuatro personas, se negó, por lo que se ordenó su desalojo.

Al abandonar el pleno, estos afectados gritaban contra el PP, al que llamaban "partido expoliador y cómplice" y pedían la celebración de un pleno extraordinario sobre esta cuestión.

El acuerdo suscrito por los tres grupos pide al Ayuntamiento que realice las gestiones necesarias para obtener toda la información relativa al número de afectados, número de solicitudes de arbitraje, número de laudos resueltos favorablemente, el dinero "secuestrado" y devuelto a los afectados en Santiago, así como tener una información actualizada.

Además, piden a la corporación que inste a la Xunta a adoptar las medidas necesarias para la recuperación inmediata del 100 % de los ahorros a través de un procedimiento "universal extrajudicial" que dicte la anulación de todos los contratos de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas de clientes de NCG Banco afectados "por fraude".

Los grupos también solicitan al Ayuntamiento que inste al Gobierno a que adopte las soluciones legales oportunas para eliminar las quitas y los canjes por otro tipo de productos sin liquidez, que supongan pérdidas por parte de los ahorradores que sean titulares de preferentes o subordinadas.

Y, además, los tres grupos piden también la colaboración entre el Instituto Galego de Consumo y el Ayuntamiento mediante el mecanismo que consideren oportuno para asesorar a todas las personas afectadas por el fraude de las preferentes.

En la parte expositiva, el documento firmado por los tres grupos califica de productos "tóxicos" las preferentes y las subordinadas y considera que el arbitraje es una "solución parcial" mediante la cual se han remediado "dos de cada diez casos de estafa".

También consideran que la quita que mañana se aplicará a estas personas es una "nueva estafa" y califican de "desvergüenza" pedirle al Banco de España, al FROB, al Ministerio de Economía, a Hacienda o a la Comisión Europea que reduzca o no aplique quitas, ya que son "resultado directo" de la aplicación de la ley 9/2012 del Gobierno derivada de las negociaciones con la UE y plasmadas en el Memorándum de entendimiento.

Según el escrito de los grupos, la aplicación de esta norma supone la "legalización" de la "estafa" de la que fueron víctimas miles de pequeños ahorradores.

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