Los docentes se lo piensan más a la hora de coger una baja. En el colectivo de profesores y docentes de la comunidad gallega, las ausencias del trabajo por enfermedad se redujeron en noviembre y diciembre de 2012, con respecto al mismo período del año anterior, hasta un 22 por ciento en Galicia.
En el dato podría incidir la medida del Gobierno de descontar de los salarios de los docentes las retribuciones de los días en los que estén de baja por una enfermedad común o un accidente no laboral -que les suponen recibir el 50% del salario durante los tres primeros días y el 75% entre la cuarta y la vigésima jornada de inasistencia por enfermedad-.
La decisión de acudir a las aulas a pesar de algún que otro estado febril, entre otros síntomas, no la toman únicamente los gallegos. En el caso de la Comunidad Valenciana, la decisión del Gobierno ha ejercido un efecto todavía más disuasorio, ya que las bajas han caído de un año para otro un 48%, es decir, prácticamente a la mitad. Le sigue Cataluña, donde las estadísticas han mostrado un descenso del 30%. Con un porcentaje similar a Galicia, según informa El País, se encuentra Castilla y León, mientras que en Baleares la reducción ha sido del 20% y en La Rioja, de un 18%.
Aparte de la decisión del Gobierno -que entró en vigor el 1 de enero de 2012- de meter la tijera en el sueldo de los funcionarios desde el primer día de permiso médico -con el fin de penalizar las bajas de corta duración, ya que a partir del día 21 se recupera la remuneración original-, en el caso de Galicia podría haber influido también el plan de inspección de bajas laborales.
El Gobierno gallego reforzó, ya desde abril de 2011, los servicios de inspección del absentismo provocado por bajas laborales. Primero su objetivo fueron exclusivamente los funcionarios, pero en septiembre del año pasado el programa se extendió a todos los trabajadores, para evitar el fraude y el uso incorrecto de las prestaciones del sistema sanitario.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informó recientemente de que el Gobierno gallego había ahorrado 26 millones de euros en un año con la caída del absentismo laboral en la función pública en 25,6 puntos porcentuales.
