Aunque la intención inicial de los socialistas buscaba el compromiso de la Xunta con la impugnación de la última reforma financiera, como en San Caetano ya hicieron con el primer decreto del FROB, la moción impulsada ayer en el Parlamento tuvo que pasar por un intenso cambio de look para lograr lo que pocas veces se consigue. La unanimidad de todos los grupos políticos. Los cuatro. Esta vez, para instar al Ejecutivo gallego a que solicite tanto a la Comisión Europea de la Competencia como al Gobierno "que retiren la exigencia de quitas para las personas afectadas por esta comercialización indebida", en relación con las preferentes y la deuda subordinada. Las protagonistas del acuerdo que respaldaron PPdeG, PSdeG, AGE y BNG.

Pero hay más puntos importantes en la iniciativa, "con el objetivo de que todos los ahorradores afectados por las preferentes, subordinadas y otro híbridos financieros recuperen la totalidad del dinero". Y, por otra parte, más sencillos de conseguir, dada la imposición de Bruselas a que los accionistas de las entidades y los pseudosocios que a efectos prácticos suponen los tenedores de estos complejos productos financieros asuman parte de la carga de reflotar NCG. Es normativa comunitaria. De hecho, el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado para el préstamo al sector que la Comisión formalizó con España y la reforma que luego lanzó el Ministerio de Economía se ciñen a recoger un escenario obligado.

¿Cuáles son esas otras demandas que salieron ayer de O Hórreo? Que la Xunta ponga "los medios humanos y materiales necesarios" en el arbitraje para "agilizar" el procedimiento. Toda una novedad el sí de los populares a esta petición, ya que siempre sostuvieron que los recursos eran suficientes. El acuerdo apela a publicar "los criterios de inclusión y exclusión" para la conciliación ante Consumo para que el proceso sea "transparente". "Dentro de sus competencias", matiza. Por último, el Gobierno gallego recibe el encargo de todo el arco parlamentario para prestar asesoramiento jurídico a los afectados que quieran ir a los tribunales.

Carmen Gallego, encargada de la defensa de la propuesta, critica la "casi paralización" del arbitraje y el inmediato canje por acciones. "Las quitas no serían del 40%. Esas personas perderían sus ahorros porque el canje por acciones es lo mismo que decir que se van a quedar sin dinero", advierte la diputada socialista. Desde AGE recuerdan que la ley que "legalizó" las emisiones se remonta al Ejecutivo de Aznar. "Pretenden irse de rositas", reprocha Juan Manuel Fajardo a los populares, que pide que los "estafadores" vayan a la cárcel. "Solo ha permitido resolver un porcentaje pequeño", se queja Francisco Jorquera, del BNG, sobre el arbitraje. Por eso su grupo pide "un mecanismo que garantice la devolución íntegra" e incluso "dejar en suspenso las facultades del FROB".

"Esto no se hubiese producido si se cumpliera cuando se emitieron las normativas europea y española", defiende Pedro Puy. El portavoz parlamentario del PPdeG sostiene que el arbitraje resolvió 14.000 casos. El número de expedientes que llegó a la Xunta fue de 70.000. "Hay que pedir a Bruselas que por favor no aplique las quitas y permita continuar", afirma.

Desde el PSOE nacional apostaban ayer como otra solución que el Estado emita deuda exclusivamente para afrontar los pagos de compensación a los afectados. Una propuesta que, por cierto, lanzaron las plataformas de afectados en Galicia.