La apelación de Alberto Núñez Feijóo a las diputaciones de Pontevedra y A Coruña de realizar un ejercicio de transparencia y revelar los bienes de sus miembros parece haber surtido efectos diferentes en cada uno de los organismos, ambos gobernados por el PP. El presidente pontevedrés, Rafael Louzán, reclamó ayer establecer un modelo legal igual para revelar las propiedades de todos los cargos públicos, pero aceptó negociar con el PSdeG para acordar una fórmula en la diputación, mientras que el coruñés Diego Calvo eludió pronunciarse sobre la medida, aunque se mostró favorable a publicar la suya en la web provincial. Calvo recordó que su declaración de patrimonio es pública a través del ayuntamiento de Ferrol, donde es concejal, pero de momento no ha abordado la extensión de esa práctica a la Diputación coruñesa.

Sólo las diputaciones de Ourense y Lugo han aprobado normas para publicar en sus páginas web los patrimonios de sus miembros, aunque aún no lo han hecho. El presidente de la primera, el popular José Manuel Baltar, reveló hace una semana sus bienes y en breve lo harán sus diputados, mientras que en Lugo aún no se ha concretado cuándo se hará. El presidente de esta, el socialista José Ramón Besteiro, ha hecho pública la suya a través del concello de Lugo, donde es edil, si bien no detalla el valor de sus bienes.

Las negativas a abordar este asunto de los organismos provinciales de Pontevedra y A Coruña llevó a Feijóo esta semana, tras el Consello de la Xunta, a subir de intensidad su petición de transparencia, que pretende aplicar a su propio Gobierno por ley. Era la segunda vez que deslizaba la necesidad de extender esta práctica a todas las administraciones.

Louzán mantuvo ayer su petición de un marco legal común e incluso propuso realizarlo al amparo de la reforma de la administración local, pero varió su discurso. "No hay un modelo establecido, cada uno lo hace a su manera. A todos nos interesa un modelo, con esta forma de actuar, a salto de mata, lo estamos haciendo mal", indicó en rueda de prensa, en la que deslizó que sin normas específicas "no se está dando con veracidad la información que se quiere ver".

Sin embargo, tras la petición del PSOE al secretario de la diputación para que revelase sus bienes y le negativa de este si no se realizaban peticiones individuales y se omitían datos personales -algunos poseen declaración conjunta con sus parejas-, el presidente pontevedrés acepta iniciar un debate. "Viendo que el PSOE se encontró con la sorpresa de que no era tan fácil decir que se publique y ya está, pues llamó al PP porque quería hablar de este tema y entonces nos reuniremos todos los grupos para hacer un modelo para trasladar esa información, no porque lo pida la ley, sino por aquellas personas interesadas en conocer esos datos", explicó. "Ojalá se encuentre un modelo", añadió. Finalmente, reiteró que cumple la legislación actual porque su declaración y la de los diputados están depositadas en la secretaría provincial, si bien su acceso está restringido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, se limitó ayer en un desayuno informativo celebrado en Santiago a recordar que su declaración de bienes, más detallada que la de Besteiro, está a disposición de la población. Evitó explicar si propondrá extender esta práctica de transparencia a la institución y sus miembros, aunque sí colgar la suya en la web provincial.

"Yo no temo nada. Aquí tengo al alcalde de Ferrol, mi alcalde, y tengo publicada mi declaración de bienes desde hace un año aproximadamente en la web del ayuntamiento. Creo que es la que más ha salido en las últimas semanas en los medios y si es necesario volver a publicarla en la diputación, también lo haré", zanjó.