El Superior anula las ayudas de la Xunta a los cinco colegios que segregan por sexo

El TSXG considera que admitir solo a chicos o chicas supone un ejercicio de discriminación contrario a la LOE - El PP recuperó estos convenios en 2009 - Suman tres millones anuales

15.03.2013 | 08:27
Alumnas de Las Acacias. // D. A.
Alumnas de Las Acacias. // D. A.

La Justicia tumba las subvenciones que la Xunta otorga a los cinco colegios que en la comunidad separan entre niños y niñas y que cada año asciende a tres millones de euros. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordena anular los convenios firmados en 2009 por la Consellería de Educación tras la llegada del PP a San Caetano después de un recurso presentado por el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG). El alto tribunal considera que esos acuerdos vulneran la Ley Orgánica de Educación (LOE), que "prohíbe tajantemente la discriminación de los alumnos en la admisión a centros públicos y concertados", según la sentencia.

En la actualidad cinco centros admiten a alumnos de un solo sexo en Galicia y mantienen un concierto con la Xunta. Se trata de Las Acacias, Aloya y Montecastelo, en Vigo, y Peñarredonda y Montespiño en A Coruña. El bipartito anuló las ayudas en su último año tras quejas sindicales y la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo las recuperó en 2009 al poco de alcanzar el poder. Los sindicatos continuaron con sus protestas, si bien sendos recursos de Comisiones Obreras, UGT y CIG no fructificaron ante el TSXG, que entonces avaló las ayudas. El de STEG, sí.

El fallo, fechado ayer y contra el que cabe recurso de casación, se remite a la jurisprudencia surgida tras conflictos similares en Andalucía y Asturias, donde los gobiernos socialistas decidieron anular los convenios con colegios que segregan por sexo, que, como en el caso gallego, están vinculados a organizaciones religiosas. El Tribunal Supremo dio la razón a ambos Ejecutivos en sus medidas, al entender que la LOE, aprobada en 2006 por el Gobierno de Zapatero, impide discriminar "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición". Entiende que admitir solo a niños o niñas es discriminar.

La Consellería de Educación, dirigida desde 2009 por Jesús Vázquez, decidió mantener las ayudas a los citados colegios hasta que no hubiese una sentencia judicial que lo vetase, pese a los fallos en otras comunidades. Este departamento descartó ayer explicar su postura hasta estudiar la sentencia del TSXG.

El propio presidente de la Xunta había defendido la continuidad de estos convenios por la inexistencia de razones para frenarlos y recordó su existencia durante veinte años. La sentencia del TSXG considera que, si la legislación pretende evitar la discriminación e incluye la obligatoriedad de no diferenciar por sexo a la hora de admitir a los alumnos, la administración debe ser consecuente y no ofrecer ayudas a quien incumple ese precepto. "Lo que no puede es fomentarse un criterio y simultáneamente su contrario", reza el fallo.

El TSXG desliga la concesión de ayudas del mantenimiento de los citados centros. "Se respeta la libertad de educación, así como la libre elección de centro por parte de los padres y la libertad de creación de los mismos por quienes adopten un ideario que opta por la educación diferenciada por razón de sexo", explica. Los colegios pueden continuar existiendo, pero sin recibir fondos públicos, que deben guiarse por los principios que marca la LOE.

Por estos motivos, el TSXG declara inválida la orden del 26 de agosto de 2009 que aprobaba de nuevo los conciertos con los citados cinco centros, que se han renovado cada año desde entonces a razón de tres millones de euros por ejercicio.

El Gobierno de Zapatero quería aprobar una ley para prohibir estas ayudas, pero el adelanto electoral le impidió sacar adelante la reforma. Ahora, el Ejecutivo del PP camina en sentido contrario y a mediados del año pasado reconocía que estudiaba cambios legales para blindar las ayudas a los centros que segregan por sexo, alrededor de 70 en toda España. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, admitió en agosto a la Cadena Ser que calibraba cambios. "Es posible hacer alguna referencia explícita a que esta modalidad de oferta educativa en determinadas condiciones no tiene por qué suponer ni discriminación ni segregación", declaró sobre las causas de discriminación fijadas en la LOE.

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